La Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) . El máximo tribunal aclaró que la decisión no impacta los despidos en el sector público realizados bajo esta normativa.

La sentencia 52-25-IN/25 establece que la inconstitucionalidad de la LOIP se aplicará únicamente hacia el futuro, desde su publicación en el Registro Oficial , sin afectar procesos pasados.

Despidos en el sector público se mantienen vigentes

El fallo solo reconoce retroactividad en tres ámbitos: penal y ejecución de penas, niñez y adolescencia, y movilidad humana. Por ello, los despidos estatales continúan firmes.

En términos prácticos, la Corte Constitucional indicó que las desvinculaciones ejecutadas bajo la LOIP conservan plena vigencia y no serán revertidas en el sector público .

LOIP permitió recortes masivos de funcionarios

La LOIP , aprobada en 2024, reformó la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y autorizó al Ejecutivo aplicar un plan de optimización del aparato estatal .

El Gobierno de Ecuador proyectaba un ahorro de $22,74 millones en 2026 con la supresión de miles de puestos públicos . El proceso incluyó a trabajadores de ministerios e instituciones como el IESS .

En julio pasado, la Presidencia de Ecuador anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios con excepción de personal de salud, educación, fuerzas del orden y grupos vulnerables .

El recorte afectó principalmente a personal administrativo, en el marco de un plan de reestructuración estatal que generó debate en la opinión pública y críticas de sindicatos .

Corte Constitucional cuestionó el fondo de la ley

La Corte Constitucional concluyó que la LOIP vulneraba principios constitucionales relacionados con la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática en el proceso legislativo.

No obstante, al modular los efectos de la sentencia , aclaró que la retroactividad no se aplica al ámbito laboral ni administrativo.

Reacción del Gobierno de Ecuador frente al fallo

Desde el Ejecutivo, la decisión ha provocado fuertes críticas . La ministra de Gobierno, Zaida Rovira , aseguró que la eliminación de la ley significa: “arrebatar a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y a los corruptos”.

La funcionaria reiteró además la necesidad de impulsar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución del Ecuador .