Daniel Alejandro S. S., de 26 años, recibió una sentencia de once meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero, dentro de un proceso abreviado en Riobamba, Chimborazo. Él colaboró con la justicia mediante un acuerdo de cooperación eficaz, aportando datos relevantes sobre el caso.
Sentencia, multa y reparación
El Juez de Garantías Penales de Chimborazo determinó, además de la pena privativa de libertad, una multa de 5.141 dólares y la orden de restituir 267.981 dólares como reparación integral a quienes sean reconocidos como víctimas durante la audiencia de juzgamiento.
La investigación dejó en evidencia que Daniel Alejandro S.S., no es el único implicado: ocho personas más están procesadas en esta causa, entre ellas:
- Natalia del Pilar T.N.
- César David L.H.
- Pablo David C.M.
- José Luis T.N.
- Javier Marcelo B.E.
- Byron Miguel M.C.
- Sabrina Belén M.T.
- Adriana de los Ángeles T.N.
Fiscalía los llamó a juicio basándose en un dictamen acusatorio respaldado por más de 100 elementos de convicción reunidos como pruebas.
Estructura criminal y afectación a 464 familias
De acuerdo con los resultados de la investigación, los procesados habrían operado una estructura criminal dedicada a captar dinero de forma ilegal a través de la empresa SAALDA S.A., firma que carecía de autorización de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para gestionar intermediación financiera.
La modalidad consistía en ofrecer supuestos servicios de inversión bursátil, compraventa de activos financieros y operaciones en plataformas digitales. Los sujetos prometían rendimientos mensuales entre el 12% y el 200% para los montos entregados por los inversionistas.
Hasta el momento, las autoridades identifican más de 464 familias perjudicadas que entregaron diferentes montos de dinero. El perjuicio global, de acuerdo a la información recabada, supera los 2’411.831 dólares.
Allanamientos y prófugos
El caso se remonta a ocho allanamientos simultáneos realizados el 6 de junio de 2025 en Riobamba y Guano, donde la Policía Nacional detuvo a Daniel Alejandro S.S., junto con otros seis investigados. Las fuerzas del orden incautaron teléfonos móviles, documentos de posibles inversores, computadoras y distintos indicios relacionados con la investigación.
Tiempo después, el 4 de septiembre de 2025, Fiscalía vinculó al proceso a Ángeles T.N. y Sabrina Belén M.T., madre e hija, quienes hasta la fecha se mantienen prófugas. Para ellas la etapa de juzgamiento quedó suspendida hasta que sean capturadas.
Contexto legal
El delito de captación ilegal de dinero está contemplado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece penas de privación de libertad que oscilan entre cinco y siete años, mucho mayores que la sanción impuesta en este caso por la figura del procedimiento abreviado y la cooperación eficaz del principal acusado.
