De enero a junio de 2026, hubo 3.909 desapariciones en Ecuador, representando un incremento del 2,8% respecto a 2025.
El aumento global equivale a 105 casos adicionales frente al año anterior, según los datos abiertos del Ministerio del Interior reportados recientemente.
El reciente hallazgo de una casa de torturas en El Florón, en Portoviejo, evidenció la gravedad de la violencia en el país.
En el inmueble, la Policía Nacional encontró preliminarmente restos de cuerpos desmembrados, confirmando la presencia de dinámicas criminales extremas.
Pese a que la mayoría de denuncias se resuelve, el 16,5% de las víctimas es hallada sin vida tras las investigaciones pertinentes.
Por otro lado, un 5% de los casos de desapariciones permanece como pendiente de localización en los registros de las autoridades policiales.
Las estadísticas nacionales han mostrado cifras similares en los últimos seis años, oscilando anualmente entre 6.700 y 7.500 casos.
Contrastes provinciales y dinámicas del delito
Sin embargo, los reportes provinciales muestran una realidad distinta a la tendencia general que reflejan las cifras consolidadas del país.
En Manabí, la cifra de desaparicione es notablemente mayor, registrando 255 casos en el primer semestre de 2026.
Esto equivale a un incremento del 30%, con 59 casos adicionales en comparación con el mismo período del año 2025.
En contraste, Santo Domingo de los Tsáchilas reporta una disminución mínima de dos casos, alcanzando los 103 reportes oficiales.
Un dato revelador muestra que la mayoría de los casos corresponde a adolescentes por problemas familiares o motivos personales.
Apenas el 16% de los hechos se relaciona directamente con el accionar de las bandas criminales organizadas.
El exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, explicó que estos territorios actúan como sitios "santuario" de las bandas.
Según el especialista, estos son lugares donde los grupos delictivos ejercen un control total e instalan casas de tortura.
Cuestionamientos a la estrategia de seguridad
Por su parte, el analista Arturo Moscoso sostuvo que la movilización masiva de militares no está dando los resultados esperados.
El experto señaló que las medidas amparadas en estados de excepción y conflicto armado requieren una evaluación profunda y urgente.
Moscoso insistió en evaluar las políticas según efectos reales en las calles, donde la ciudadanía continúa sintiéndose desprotegida.
Esta preocupante realidad evidencia que la estrategia estatal requiere una reestructuración integral que trascienda patrullajes disuasivos.
Asimismo, el experto en seguridad Andrés Williams advierte que el análisis de la violencia debe evolucionar en la medición.
Williams sostiene que el país debe incorporar variables como las desapariciones forzadas para entender la magnitud del fenómeno real.
El analista añade que los asesinatos múltiples también deben medirse adecuadamente para diseñar políticas públicas de seguridad efectivas.
Nueva iniciativa legislativa para acelerar búsquedas
En marzo de 2026, la asambleísta Ana Herrera presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para responder adecuadamente ante las desapariciones.
La iniciativa busca fortalecer la respuesta estatal ante la desaparición de personas y mejorar la coordinación interinstitucional necesaria.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la activación automática de los protocolos de búsqueda tras la denuncia.
La propuesta fija un tiempo máximo de 30 minutos para iniciar las acciones operativas por parte de las instituciones.
Según el proyecto, la Policía Nacional, Fiscalía y ECU-911 deberán actuar de manera inmediata y sin requisitos previos.
Esta medida busca eliminar la espera de plazos que tradicionalmente retrasaba el inicio de las primeras diligencias policiales.
La aprobación del proyecto permitirá optimizar el rastreo de personas y reducir los tiempos de respuesta en todo el territorio.
Con esta normativa, las autoridades esperan contener el incremento de casos registrados en las provincias más afectadas (26).
