La Cámara de Casación Penal de Argentina ratificó este viernes la confiscación de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, por un monto cercano a 685.000 millones de pesos (unos 265 millones de euros), dentro del caso de corrupción conocido como "Vialidad".

La decisión del máximo tribunal penal se dio tras rechazar de forma unánime los recursos presentados por las defensas de los implicados.

Con esta resolución, la Cámara confirmó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2 en julio del año anterior, manteniendo la obligación de restitución económica al Estado argentino.

El fallo establece que, en caso de no cumplirse el pago en un plazo de diez días, se iniciará la etapa de ejecución de bienes, lo que implica su eventual remate mediante subasta pública.

Bienes incluidos en la medida

El decomiso abarca una amplia lista de activos vinculados a los implicados en el proceso judicial. Entre ellos constan millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades, 111 departamentos y vehículos.

Según el detalle judicial, parte de estos bienes corresponde al empresario Lázaro Báez, mientras que otros están vinculados a los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner.

Estos activos serían utilizados como compensación por los perjuicios económicos derivados de irregularidades detectadas en contratos de obra pública.

Contexto del caso Vialidad

El caso "Vialidad" investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

Las autoridades judiciales determinaron que existieron sobreprecios y obras inconclusas, lo que habría generado un daño económico significativo al Estado.

Este proceso se ha convertido en uno de los casos más relevantes de corrupción en Argentina en las últimas décadas, con múltiples instancias judiciales y revisiones.

Situación legal de la exmandataria

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada previamente a seis años de prisión, pena que cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En su última declaración jurada, la exmandataria reportó un patrimonio de 250 millones de pesos, tras haber realizado un anticipo de herencia en favor de sus hijos.

Por su parte, Fernández ha negado las acusaciones en su contra y ha sostenido públicamente que el proceso judicial responde a una persecución política y judicial.

Ejecución de la sentencia

Con la ratificación de la Cámara de Casación, el proceso entra en una fase clave de cumplimiento de la sentencia económica.

Si no se concreta la devolución del monto establecido, la justicia avanzará con la subasta de los bienes embargados, como mecanismo para recuperar los recursos considerados perjuicio al Estado.

La resolución marca un nuevo paso en la ejecución de las sanciones vinculadas al caso Vialidad, en el marco del sistema judicial argentino.