Justicia australiana multa a aerolínea con 90 millones de dólares australianos por despidos ilegales durante la pandemia

La aerolínea Qantas fue multada con 90 millones de dólares australianos por la Justicia tras los despidos ilegales de 1.800 trabajadores de tierra durante la pandemia.

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La aerolínea Qantas deberá pagar sanción millonaria tras despido de 1.800 trabajadores en 2020
La aerolínea Qantas deberá pagar sanción millonaria tras despido de 1.800 trabajadores en 2020

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

Este lunes 18 de agosto de 2025, la Justicia Federal de Australia impuso una multa de 90 millones de dólares australianos (USD 59 millones) a la aerolínea Qantas por el despido ilegal de 1.800 trabajadores de tierra en 2020, en plena pandemia de Covid-19. La sentencia, dictada por el juez Michael Lee, busca establecer un precedente contra las grandes corporaciones que recurren a prácticas ilícitas para obtener beneficios económicos.

Despidos en plena pandemia

Los despidos, ejecutados en noviembre de 2020, afectaron a empleados de diez aeropuertos australianos. Según la sentencia, Qantas incurrió en prácticas ilegales al sustituir a su personal de tierra por trabajadores subcontratados, con el objetivo de reducir costos operativos en medio de la crisis sanitaria global.

El juez Michael Lee subrayó que la multa debe servir como “un verdadero disuasivo” para que otras empresas no repitan este tipo de conductas, donde las “recompensas financieras” se colocan por encima de los derechos laborales.

La sanción judicial llega tras cinco años de litigio y se suma a la compensación que Qantas acordó en diciembre pasado con el sindicato Unión de Trabajadores del Transporte (TWU), mediante la cual se comprometió a pagar 120 millones de dólares australianos a repartir entre los exempleados.

Impacto de la pandemia en la aerolínea

Durante la crisis del Covid-19, Australia cerró sus fronteras entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, lo que afectó de forma severa a la industria aérea. Qantas registró pérdidas millonarias y buscó reducir gastos mediante la externalización de servicios, medida que finalmente fue declarada ilegal por los tribunales.

La compañía reconoció que la estrategia de subcontratación “no había funcionado” y, desde entonces, ha enfrentado una fuerte erosión de su reputación pública. Los problemas se intensificaron con el aumento del costo de los boletos, las quejas por mal servicio y la polémica por la venta de asientos en vuelos cancelados.

Reparaciones a los trabajadores

El acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 con el TWU incluyó un pago de 120 millones de dólares australianos destinados a los 1.800 trabajadores despedidos. Esa cifra corresponde a compensaciones económicas individuales, además de la restitución parcial de beneficios laborales.

La multa dictada este lunes no forma parte de esa compensación, sino que se trata de una sanción impuesta por el sistema judicial como castigo ejemplarizante para Qantas. Con esta decisión, el caso se convierte en uno de los mayores precedentes legales en la historia laboral australiana.

Reputación de la aerolínea en reconstrucción

Qantas, privatizada entre 1993 y 1997, se ha visto obligada a reforzar sus planes de responsabilidad corporativa y a mejorar su relación con los sindicatos. La aerolínea aseguró que acatará la decisión judicial y que continuará trabajando en la reparación de su imagen.

La compañía ha enfrentado múltiples demandas colectivas y ha prometido nuevas medidas para garantizar la estabilidad laboral en el futuro. No obstante, expertos en derecho laboral sostienen que el caso refleja las tensiones entre las grandes empresas y los derechos de los trabajadores en contextos de crisis global.

Multa a aerolínea

La multa de 90 millones de dólares australianos contra Qantas marca el cierre de un proceso judicial que se extendió por cinco años y que tuvo como eje la protección de 1.800 trabajadores despedidos ilegalmente en 2020. La decisión judicial, sumada a la compensación previamente acordada, representa un hito en la defensa de los derechos laborales en Australia y un llamado de atención a las corporaciones sobre los límites de la externalización de servicios en tiempos de crisis.

El caso deja claro que la pandemia no puede ser utilizada como justificación para vulnerar la ley ni los derechos de los empleados, y que la justicia buscará sancionar y reparar cuando estas prácticas ocurran.

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