En una decisión judicial contundente, el juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha dictó prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, junto con otras nueve personas. Esta medida se adopta en el marco del proceso penal por presunto peculado que involucra al funcionario y sus colaboradores en contratos irregulares. El mandatario municipal enfrenta una severa investigación que podría afectar gravemente su carrera política.

Además del alcalde de Pujilí, otras siete personas involucradas en este caso recibieron medidas cautelares consistentes en prohibición de salida del país y la obligación de presentarse dos veces por semana ante la Fiscalía. Este conjunto de medidas busca asegurar la presencia de los procesados durante el desarrollo de las investigaciones judiciales y evitar cualquier riesgo de fuga.

Investigaciones y orígenes de la causa contra el alcalde de Pujilí

La Fiscalía inició la indagación en octubre de 2024 tras una denuncia del vicealcalde y una funcionaria del Municipio de Pujilí. Las pesquisas se centran en contratos y proyectos municipales ejecutados desde mayo de 2023, fecha en la que José Alcides Arroyo asumió la alcaldía. Se sospecha que el alcalde de Pujilí y los implicados habrían utilizado bienes públicos para beneficio propio o de terceros, aprovechando sus cargos.

La audiencia, que comenzó el 7 de agosto y concluyó la tarde del 9, sirvió para que el fiscal sustentara el inicio del proceso penal. La Fiscalía presentó evidencias sólidas, que incluyen informes de seguimiento, versiones de denunciantes, resoluciones de adjudicación de contratos y movimientos bancarios sospechosos. Entre ellos, se destacan pagos realizados a proveedores personales del alcalde, efectuados incluso antes de su posesión oficial como alcalde de Pujilí.

Subsidios ilegales y contratos injustificados

El análisis de la Fiscalía detectó que diversas obras públicas, entre ellas la construcción de iglesias, casas comunales y caminos, habrían comenzado supuestamente con recursos privados antes de que Arroyo asumiera la alcaldía. Sin embargo, en su gestión, adjudicó esos mismos proyectos mediante procedimientos públicos, intentando justificar gastos municipales con fondos públicos. Esta maniobra refleja un posible intento de encubrir el uso indebido de dinero municipal.

Además, el fiscal encontró inconsistencias entre el estado real de las obras y los informes oficiales suministrados. Se establecieron presuntos vínculos entre los contratistas favorecidos y el alcalde de Pujilí, así como con otros procesados. Obras de gran impacto como el coliseo de Zumbahua, el cementerio municipal y la ornamentación urbana están bajo escrutinio por adjudicaciones irregulares.

Operativo y detenciones

La Fiscalía y la Policía Nacional efectuaron una serie de allanamientos el jueves 7 de agosto, ejecutados simultáneamente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Como resultado de estas diligencias, se detuvo al alcalde de Pujilí y a varios funcionarios vinculados a esta red de corrupción. También se incautaron evidencias esenciales, tales como dispositivos electrónicos, documentos, comprobantes de depósitos y pruebas relacionadas con los contratos investigados.

Los indicios recabados apuntan a una presunta red de corrupción liderada por José Alcides Arroyo Cabrera, en la que participaron funcionarios públicos y contratistas. Según la Fiscalía, algunos procesos contractuales para obras municipales se habrían manejado con engaños, generando pérdidas para el erario público y perjudicando a la comunidad.

Contexto y antecedentes

El alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, asumió su cargo en un contexto político complejo y ha estado en la mira debido a denuncias internas y auditorías ordenadas por la Contraloría General del Estado. Se investiga la adjudicación de contratos, como uno por 54.000 dólares para la compra de palmeras, y otro por más de 150.000 dólares para la instalación de adoquines, que despertaron sospechas por compras repetidas o sin justificación.