En una coyuntura política marcada por la incertidumbre jurídica, Manavisión Plus conversó con el abogado Isaac Avellán, precandidato a la Alcaldía de Portoviejo por el partido Unidad Popular. Durante el diálogo, Avellán abordó la situación administrativa de su organización frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), sus proyecciones para las seccionales de 2026 y los ejes de trabajo que propone para la capital de los manabitas, destacando la necesidad de una "regeneración humana" y la revisión de la carga tributaria municipal.

-Abogado, antes de profundizar en las seccionales, ¿cuál es la situación jurídica actual del movimiento Unidad Popular para poder participar?

Unidad Popular ha cumplido con todos los requisitos formales que establece el Código de la Democracia. El artículo 327 es muy claro; en los actuales momentos Unidad Popular no debería tener ningún proceso de cancelación. Conforme al calendario electoral previsto para el 29 de noviembre de 2026, todas las acciones administrativas ya tuvieron que haber prescrito hasta el 3 de abril del 2026. Por otro lado, Unidad Popular ha justificado ante la opinión pública su vigencia.

-¿Con esto no aceptan que han cometido un error, sino que señalan que no se cumplió con el calendario? ¿Siguen firmes en que no hubo ese número de desafiliaciones?

Claro, esa es una justificación de la prescripción de la acción para iniciar un proceso de cancelación. Una segunda razón contundente es que el propio CNE ha certificado la desafiliación de 1.486 personas desde el 19 de junio de 2020, fecha en que logramos la personería jurídica bajo la fusión del MPD y Unidad Popular, sumando 206 mil afiliados. No estamos en ninguna de las causales del artículo 327. El último inciso señala que cualquier proceso debe hacerse con no menos de 120 días de anticipación; por lo tanto, cualquier intento de cancelación está totalmente prescrito.

-¿Qué paso sigue ahora? ¿Hasta cuándo esperan la resolución definitiva?

Estamos realizando acciones de lucha en las calles y redes sociales, insistiendo a los consejeros principales del CNE que procedan al archivo definitivo de este informe fraudulento presentado por la Dirección de Organizaciones Políticas. Señalamos que lo actuado goza de nulidad absoluta. El CNE tiene hasta el 3 de mayo para viabilizar estos procesos y debe proceder de manera inmediata al archivo.

-¿Se muestran optimistas de que el tema será favorable?

Estamos completamente seguros, mi estimado Luis. Tenemos las razones suficientes; somos una organización altamente organizada, con disciplina y cumplimos con todos los parámetros del Código de la Democracia y la Constitución.

-A la espera de la resolución, ¿cómo se preparan para las seccionales?

Estamos preparando este camino en medio de la turbulencia presentada por Diana Atamaint como operadora política del gobierno de Daniel Noboa. Mañana, sábado 25 de abril, desarrollaremos la Asamblea Provincial de Unidad Popular en Manabí para elegir la nueva directiva 2026-2028 —donde se propone la reelección de Jonathan Párraga— y aprobar las definiciones de nuestros abanderados en cada territorio.

-¿Con cuántos afiliados cuenta el partido específicamente en Manabí?

Tenemos un poco más de 20.000 afiliados debidamente certificados, lo que representa aproximadamente un 10% del total nacional. Cumplimos con el requisito base del 1.5% del padrón electoral para mantener la personería.

-Usted mencionaba abanderados, y se conoce que usted es la carta para la Alcaldía de Portoviejo. ¿Es así?

Unidad Popular ha visto la necesidad de ubicar perfiles que presenten una propuesta alternativa. Se han considerado dos nombres: la compañera Kemi Loor, presidenta provincial de la UNE, como potencial candidata a la Prefectura, y mi nombre para el cantón Portoviejo.

-¿Bajo qué plan o propuesta arropa su precandidatura a la ciudadanía portovejense?

Tenemos varios ejes. Uno principal es que la obra pública debe ir de la mano con el ser humano; establecer una "regeneración humana" para tener una ciudad armónica y sustentada en la conservación ambiental. Queremos recuperar integralmente el río Portoviejo, que provee de agua a cerca de un millón de habitantes en ocho cantones, convirtiéndolo en el entorno natural que debe ser.

-En infraestructura y servicios básicos, ¿qué se debe corregir o continuar?

La construcción de obras debe continuar conforme a lo planificado, pero fortaleciendo la vinculación con los sectores sociales. Debemos incluir a la ruralidad, incluso la que está dentro de la zona urbana como Colón y Picoazá, que tienen un alto potencial agroindustrial. Queremos convertir a Portoviejo en una ciudad industrial con la mejor calidad de vida, resolviendo problemas como la recolección de desechos e impulsando un reciclaje que genere rentabilidad y abono orgánico.

-¿Qué pasará con las empresas públicas municipales bajo su administración?

Deben tener un fortalecimiento institucional y calificar su talento humano. Mantendremos empresas como Portoaguas, Portoparques o Portovial, pero buscando eficiencia y calidad. Impulsaremos convenios con universidades y organismos internacionales para modernizar el tránsito, unificar el sistema de transporte urbano y garantizar un precio referencial que no atente contra el bolsillo del ciudadano, pero que sea rentable para las operadoras.

-Siempre se habla de bajar impuestos en campaña. ¿Es posible o es demagogia?

El alcalde tiene la competencia de proponer o reformar tributos. Si soy alcalde, indudablemente revisaré todas las tasas y contribuciones. Si afectan el interés de los portovejenses, vamos a bajarlas conforme al COOTAD. Necesitamos una reactivación económica justa; revisaremos patentes, impuesto predial y contribución por mejoras. Si bajamos las tasas, la gente contribuye más y garantizamos el sostenimiento institucional.

-Sobre las asignaciones del Gobierno Central y la reforma al COOTAD, ¿cuál es su postura?

Yo fui uno de los artífices de la acción de protección en pandemia para exigir 20 millones que el Gobierno adeudaba a Portoviejo. Si llego al "Sillón de Menéndez", exigiré que se respete la autonomía municipal. La deuda del Gobierno con los GAD supera los 1.200 millones de dólares; en Manabí son cerca de 120 millones. Acudiré mediante amicus curiae a las demandas de inconstitucionalidad contra reformas que afecten el presupuesto local.

-Usted es abogado laboralista. ¿Cómo será su relación con la fuerza laboral del municipio?

Respetaré los derechos individuales y colectivos, la contratación colectiva y la estabilidad. Garantizará la estabilidad de los obreros; incluso crearé partidas presupuestarias para otorgar nombramientos definitivos a quienes llevan más de cuatro años bajo contratos eventuales. Derechos y deberes irán de la mano para que el talento humano esté al servicio de la población.

-Para finalizar, ¿cuándo tendrán todos los cuadros definidos y qué opina de la situación de otras candidaturas?

Hasta junio prevemos tener todo definido o establecer alianzas. Por otro lado, expreso mi solidaridad con el actual alcalde Javier Pincay frente a la resolución del TCE que pretende mancillar sus derechos de participación. Rechazamos decisiones que busquen evitar la participación de autoridades en funciones. Será el pueblo quien determine y exija garantizar la democracia.