Hugo Yepes advierte que Ecuador sigue vulnerable ante un terremoto similar al de 2016 y cuestiona la falta de cambios en normas de construcción

Diez años después del terremoto del 16 de abril de 2016, que provocó numerosas muertes y graves daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, la discusión sobre la gestión del riesgo sísmico en Ecuador sigue vigente. En una entrevista con Manavisión Plus, el sismólogo Hugo Yepes repasó las lecciones que dejó aquel desastre y evaluó en qué medida se han aplicado en el país.

Durante la conversación, el especialista analizó varios aspectos vinculados con la prevención. Entre ellos mencionó la vulnerabilidad de muchas edificaciones, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la falta de actualización de la normativa sísmica y el papel de las instituciones encargadas de la gestión de riesgos. También advirtió que, desde el punto de vista científico, Ecuador continúa ubicado en una zona altamente sísmica, por lo que insistió en que la prevención debe enfocarse en mejorar la calidad de las construcciones y reducir la vulnerabilidad de las estructuras.

¿Qué se ha aprendido en materia de prevención a diez años del terremoto de 2016?

El evento sísmico del 16 de abril del 2016 fue realmente importante en la historia del país y las enseñanzas deberían ser múltiples. Pero, en realidad, yo creo que se ha sacado apenas un pequeño porcentaje de conocimiento y de entendimiento de lo que significa el riesgo sísmico. 

Los terremotos, se dice, no matan gente; son las casas, los edificios y los tsunamis producidos por los terremotos los que matan a la gente. Entonces, esta no es la amenaza, sino la vulnerabilidad de las estructuras y, obviamente, la localización de estas estructuras.

Es necesario conocer tanto la amenaza como la vulnerabilidad y la exposición. Considero que de un evento de tal magnitud no hemos extraído todas las lecciones, ni siquiera una parte realmente importante de lo que debimos haber aprendido.

¿Qué se puede decir sobre las exigencias a los municipios para autorizar construcciones y prevenir tragedias?

Hicimos un trabajo muy importante en Portoviejo a raíz del terremoto para poder responder una pregunta fundamental: ¿por qué se cayeron (los edificios)? Creo que Portoviejo es, tal vez, uno de los pocos GAD en donde se ha implementado una serie de acciones relacionadas, precisamente, con mejorar la regulación de la construcción, conocer mejor cuáles son las zonas sísmicas de la ciudad, la sonificación sísmica, para que, en base a esa sonificación, se tengan ciertos parámetros de construcción.

Los terremotos no conocen ni límites políticos ni límites naturales y afectan tanto a grandes como a pequeños (cantones). Y ese es, en realidad, uno de los temas más deficitarios.

Los GAD se deben acoger a una normativa nacional: la Norma Ecuatoriana de la Construcción, que debía salir por obligación después del terremoto del 2016. ¿Y por qué digo por obligación? Porque, en todo el mundo, terremotos de esta magnitud cambian normas, hacen que se revisen las construcciones, las razones de los colapsos, qué funcionó bien y qué funcionó mal, y que se adapten las normas a los nuevos conocimientos. El Ecuador todavía no expide su norma sísmica posterior al terremoto del 2016.

¿Qué papel debería jugar la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos?

El ente encargado de la expedición de una Norma Ecuatoriana de la Construcción es ahora el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que absorbió al MIDUVI. El MIDUVI era el ente encargado y, claro, en esa absorción, con tantas funciones que debían cumplirse, lo que se había avanzado en la generación de la norma quedó ahí, esperando que alguien vuelva a ver que eso también es una responsabilidad del nuevo ministerio.

La Secretaría de Riesgos es el ente rector de este tema y debería ser el impulsor para que el responsable dentro del sistema nacional, que sería el Ministerio de Infraestructura, emita esa norma.

No puede ser que la Secretaría de Riesgos se desentienda totalmente de algo por lo que debe velar para que exista y exista bien. En segundo lugar, hay una nueva ley de gestión de riesgos que define exactamente que los GAD son los responsables, en general, de los temas de riesgo; es decir, que existe una descentralización muy importante desde la norma nacional hacia los GAD. Pero los GAD, a su vez, ¿qué capacidades tienen?

Los GAD pequeños tienen cero capacidad para hacer que se cumpla no solo la aplicación de la norma, sino también para que toda la industria de la construcción tenga un camino que permita que lo que se va construyendo mantenga estándares adecuados para un país donde tiembla, ha temblado mucho y seguirá temblando.

La historia muestra que hay alrededor de 70.000 víctimas contabilizadas por terremotos, cuando el Ecuador no tenía los 17 o 18 millones de habitantes actuales, sino tal vez 2 o 3 millones, o incluso cerca de 500.000 durante la época colonial. Terremotos como el de 1797 —seguramente el más letal en la Sierra ecuatoriana y en el país— produjeron, posiblemente, la muerte del 10 % de la población ecuatoriana de ese momento.

Se sabe, por estudios de Transparencia Internacional, que uno de los sectores más corruptos a nivel mundial es precisamente la construcción. En la construcción se esconden cosas, se lava dinero y se realizan una serie de prácticas que, si la sociedad no entiende que en un país sísmico representan básicamente un riesgo inaceptable —en algunos casos una sentencia de muerte—, entonces no vamos a avanzar mucho en ese aspecto.

Entonces, ¿un terremoto de magnitudes parecidas a la del 2016 podría ser nuevamente devastador para el Ecuador?

Seguramente sí. Y claro, ahí viene ya el entender mejor la amenaza. Terremotos, por ejemplo, como el de Ambato de 1949, donde murieron unas 6.000 personas, ocurrieron en un país diferente, menos poblado, sin duda, y con porcentajes de mortandad mayores. Estamos hablando de un sismo de magnitud 6.5, pero muy cercano a las zonas pobladas.

Los terremotos en la Costa, en las zonas de subducción —y es muy importante siempre recordar la historia—, como el del 2016, de magnitud 7.8 en Jama-Pedernales; el de Esmeraldas de 1958, de magnitud 7.7; el de Jama-Pedernales de 1942; o, sobre todo, el terremoto de 1906, de magnitud 8.8, muchísimo más poderoso que los que hemos estado mencionando, o incluso los "pequeños", entre comillas, de Bahía en el año 56, en el año 98, y otro a finales del siglo XIX. Todos esos son terremotos que están a distancias de 20 o 30 kilómetros, como mínimo, del centro poblado más próximo, por lo que tienen un tipo de efecto.

Pero los terremotos de la Sierra, por ejemplo, que están prácticamente debajo de las ciudades, a 2, 3 o 5 kilómetros de ellas, aunque sean de magnitudes menores, tienen un efecto muy importante.

Allí los deslizamientos pueden ser muy devastadores. Recordemos el terremoto de 1987, de magnitud 7.0, que borró el oleoducto en alrededor de 40 kilómetros y produjo cerca de 4.000 desaparecidos; muchas personas no fueron encontradas por los inmensos deslizamientos que se produjeron el 5 de marzo, en medio de un invierno muy fuerte.

Y vuelvo entonces al inicio de la entrevista: ¿qué aprendimos de eso y qué aprendimos de los otros terremotos? Muy poco. Portoviejo no es una ciudad en donde se construya peor que en otras ciudades intermedias como Ambato, Riobamba o Ibarra. La industria de la construcción en Portoviejo es la misma que se tiene a nivel nacional: son los mismos profesionales, formados en las mismas universidades, con los mismos códigos de construcción, los mismos materiales, las mismas prácticas constructivas, los mismos obreros y la misma vigilancia por parte de los GAD que deben ejercer ese control.

Entonces, eso muestra un estándar de cómo está la vulnerabilidad del país, desde mi punto de vista. Recordemos lo que pasó —y nuevamente menciono Portoviejo porque allí pudimos hacer un estudio muy importante—: de las 80.000 edificaciones que existían en la ciudad en 2016, alrededor del 10 % sufrió daños. Pero se trató de un terremoto que estaba a unos 150 kilómetros de distancia.

De esas 8.000 edificaciones afectadas, no fueron las más pobres, con mayor vulnerabilidad social, las que más sufrieron. Sufrieron mucho más las estructuras de cinco pisos o más, que habían tenido permisos de construcción, cálculos estructurales, ingeniería y vigilancia municipal; es decir, construcciones absolutamente formales. En el 66 % del universo de edificios existentes en esa época, de cinco o más pisos en la ciudad de Portoviejo, se registraron daños, y de esos, cerca del 20 % colapsó o recibió una orden posterior de demolición.

¿Qué aprender de experiencias en países que también han sufrido terremotos, como México, y del uso de alertas sísmicas?

Sí, es muy importante su pregunta y la abordo desde dos aspectos. Uno es que las alertas sísmicas sirven para ciertos tipos de terremotos, pero no para todos. En el caso ecuatoriano, y también en el caso mexicano en el año 2017, cuando hubo básicamente dos terremotos casi en días consecutivos, la alerta sísmica del terremoto de subducción de la costa pacífica mexicana se disparó y dio la alarma para las ciudades correspondientes.

Pero la del 19 de septiembre de 2017, que ocurrió en otra zona, no se disparó. Primero tembló, primero se cayeron muchos edificios, murieron entre 300 y 400 personas en Ciudad de México y recién después sonó la alerta sísmica, porque hay circunstancias diferentes.

Estas circunstancias se explican porque, para terremotos de subducción —por ejemplo, el terremoto de Pedernales de 2016— hacia Manta, hacia Portoviejo, hacia Quito o Guayaquil, se hubiera generado una alerta sísmica y la información habría llegado unos segundos antes de que empiece el movimiento y comiencen a afectar las estructuras. Pero los terremotos de la Sierra, los más letales, los que están debajo de las ciudades, no tienen ninguna opción para que se produzcan alertas sísmicas.

Las alertas sísmicas no predicen terremotos. Lo que hacen es registrar el terremoto y enviar, por ondas de radio, una señal indicando que se está produciendo un terremoto fuerte, cuya magnitud todavía no se conoce. El tiempo de viaje de una onda electromagnética —es decir, de la señal de televisión o radio— es mucho más rápido que la señal sísmica de la onda, y por eso se pueden tener 20 o 30 segundos de adelanto.

Pero si el terremoto está debajo de los pies, primero uno sale disparado por la fuerza sísmica y mucho después llegará la alerta. De todas maneras, el punto fundamental es que, si tenemos la vulnerabilidad que tenemos, podemos avisar a las personas que está llegando una onda sísmica y, en el mejor de los casos, podrán salir si existe un entrenamiento adecuado.

Pero igual se pierden las ciudades, se pierden las estructuras, se pierde la infraestructura y se pierden los medios de vida. ¿Por qué? Porque esas casas y esos edificios no están preparados para ese tipo de exigencias sísmicas, como se demostró en 2016 y como se ha demostrado en toda la historia sísmica del país. El segundo aspecto fundamental es que esto responde básicamente a un tema de preparativos. 

¿Qué cambios son necesarios en el sector de la construcción para reducir los riesgos ante un sismo?

Que se genere toda una conciencia de que hay varios aspectos que deben seguirse y que existen varios responsables, empezando por el código de la construcción. Ese código debe establecer cómo se construye, cumpliendo la norma vigente que indica que las ciudades de más de 100.000 habitantes deben tener microzonificación sísmica para saber cómo son los suelos.

Porque los efectos de los terremotos no dependen solo de la onda sísmica producida donde se rompe una placa, sino también de cómo se amplifican esas ondas en los suelos de cada ciudad. Entonces hay que hacer eso, pero también desarrollar toda una capacitación, más bien dicho, una política de Estado, tanto nacional como subnacional, para que se cumplan las normas.

Se debe capacitar para saber cómo construir, para saber cómo fiscalizar, se debe capacitar para evitar la corrupción en el sector de la construcción y también se debe capacitar a los obreros.

Muchas veces se exalta el hecho de que la industria de la construcción es la que más mano de obra no calificada emplea, pero si el edificio se va a caer por la falta de capacitación de los obreros, yo prefiero que sea una obra con mano de obra calificada, que entienda bien lo que se hace y que permita que mi casa resista, o mejor todavía, que resista el hospital o la escuela de mis hijos.

Recordemos cómo quedó el hospital del Seguro en Manta. Entonces, esto implica una acción de toda la sociedad, pero sobre todo del Estado a la cabeza y del gobierno central, donde deben estar muy claros todos estos pasos, todas estas instancias y los responsables, para poder empezar a cambiar esta vulnerabilidad.

Y también hay que pensar qué hacer con lo ya construido. El próximo terremoto puede ocurrir. Según la historia sísmica de la costa ecuatoriana, existe una secuencia de terremotos que van migrando hacia el norte. Entonces la pregunta es: ¿empezamos nuevamente una secuencia de terremotos en Jama-Pedernales para seguir en Esmeraldas y terminar en Tumaco, como ocurrió con los terremotos de 1942, 1958 y 1979, todos de magnitud alrededor de 7 u 8 o más?

Si eso ocurre, ¿qué va a pasar con Esmeraldas? ¿Tenemos en Esmeraldas la capacidad de cambiar un poco la historia de vulnerabilidad actual? Ese podría ser, por ejemplo, un plan piloto que nos permitiría entender a nivel nacional una zona que eventualmente va a estar sujeta a sismos, tarde o temprano, por el ciclo sísmico que no se detiene.

¿Cada cuánto tiempo podría darse otro gran sismo, según los estudios?

Bien, a ver, ahora la ciencia de la sismología tiene un gran aliado, que es la geodesia. La geodesia es medir la Tierra y hacerlo con los GPS, que ya todos conocemos y que todos tenemos en nuestros teléfonos. Tenemos GPS de gran precisión que permiten medir cómo se va deformando la Tierra.

Eso nos permite, a su vez, ver en las zonas sísmicas cuánto se ha deformado desde la última vez que ocurrió un terremoto. Entonces, en Esmeraldas, por ejemplo, tenemos deformaciones acumuladas del orden de más de 3 o 4 centímetros por año en los últimos casi 70 años desde el último terremoto de 1958.

Y eso quiere decir que están maduros ahí, y en otras zonas del país, una serie de eventos que, si se producen en el futuro cercano, ya van a tener magnitudes muy importantes: sobre los 7.5, por ejemplo, para el caso de Esmeraldas, o sobre los 6.5 para el caso de algunas fallas en el callejón interandino.

Lastimosamente, la ciencia todavía no puede decir: de aquí en 16 años tendremos un sismo de magnitud 7.5 en esta localidad. Podemos decir que está maduro un sismo en estas zonas, en esta falla geológica, pero todavía no hay tiempo definido.

Por otro lado, también existe un instrumento útil: el mapa nacional de peligro sísmico, que está disponible para toda la ciudadanía desde el año 2018. Allí se establecen cuáles serían las acciones sísmicas que se podrían producir en varias zonas con un riesgo determinado, y eso sirve justamente para mejorar la construcción y para hacer los diseños sismorresistentes.

Vea la entrevista completa aquí: