El Ministerio de Educación rechazó las denuncias de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas sobre extorsiones a profesores. En un comunicado, calificó las afirmaciones de “falsas y exageradas”, asegurando que la seguridad escolar se construye con acciones concretas.
Por su parte, Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, denunció el 11 de junio de 2025 que los docentes se sienten desprotegidos. Según el gremio, al menos 200 maestros reportaron extorsiones por bandas criminales, exigiendo entre $200 y $500.
Además, Menéndez señaló que estas amenazas han llevado a 100 renuncias en el último mes. Los profesores denuncian que, tras reportar los casos, solo reciben clases virtuales por una semana antes de regresar a las mismas escuelas.
Solo 28 docentes reportaron amenazas, según el ministerio de Educación
En contraste, el Ministerio de Educación afirmó que solo 28 docentes en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) reportaron amenazas. De estos, 25 fueron trasladados para garantizar su seguridad, desmintiendo las cifras elevadas presentadas por la UNE.
Por ello, la cartera de Estado destacó que trabaja con celeridad ante riesgos en la comunidad educativa. En barrios violentos de Guayaquil, se coordinan operativos con Policía y Fuerzas Armadas para resguardar a estudiantes y docentes en zonas críticas.
Asimismo, el Ministerio reportó que solo ocho renuncias de docentes están vinculadas a inseguridad y que únicamente cuatro de las 649 escuelas de la Zona 8 operan en modalidad virtual temporalmente, refutando la magnitud del problema descrita por la UNE.
UNE se queja y rechaza la falta de garantías de seguridad
Sin embargo, la UNE también señaló casos de extorsión en Daule y Santa Lucía, fuera de la Zona 8. Menéndez criticó la falta de garantías de seguridad, ya que los docentes regresan a entornos de riesgo tras breves medidas paliativas.
En respuesta, el Gobierno aseguró que su prioridad es evitar que el miedo domine las escuelas. Las acciones incluyen articulación interinstitucional y respuestas específicas para cada caso, con el objetivo de proteger la integridad de la comunidad educativa.
Mientras tanto, la UNE insiste en declarar el sistema educativo en emergencia, argumentando abandono estatal. El gremio subraya que las extorsiones no solo afectan a los docentes, sino que generan un clima de inseguridad que impacta a estudiantes y familias.
Por su parte, el Ministerio enfatizó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre Estado, docentes, familias y comunidades. Acusó a la UNE de difundir discursos alarmistas que no reflejan los esfuerzos institucionales para enfrentar la delincuencia.
Además, datos oficiales indican que las medidas de traslado y operativos han permitido mantener la operatividad de la mayoría de las escuelas. Sin embargo, la UNE sostiene que estas soluciones son insuficientes para abordar la magnitud de las amenazas.
En consecuencia, el debate entre el Gobierno y la UNE evidencia tensiones sobre cómo abordar la inseguridad en el sector educativo. Mientras el Ministerio aboga por soluciones puntuales, el gremio exige medidas estructurales para proteger a los docentes.
