La Fiscalía General del Estado procesa a Jordan Alexander C. L. por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra una bebé de 9 meses, ocurrido en la cooperativa Julio Cartagena, sector Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, donde fue aprehendido en delito flagrante tras una alerta ciudadana.

Hechos y aprehensión en flagrancia

Según el parte informativo, la madre de la menor salió de su vivienda para comprar alimentos, dejando a su pareja al cuidado de la niña.

Minutos después, al regresar por un olvido, no obtuvo respuesta al llamar a la puerta, por lo que solicitó ayuda a vecinos del sector.

Los moradores le indicaron que la bebé lloraba de manera constante. Ante la situación, la mujer ingresó al inmueble y encontró al sospechoso en el momento en que presuntamente cometía la agresión.

Intervención policial y procedimiento

El hecho fue reportado al ECU 9-1-1, lo que permitió la intervención inmediata de unidades policiales en el lugar.

Los agentes lograron evitar la fuga del implicado y procedieron con su aprehensión en delito flagrante, conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, el ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Audiencia y medidas judiciales

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó varios elementos de convicción, entre ellos el parte informativo, la denuncia de la madre, testimonios de testigos y los informes médicos practicados a la víctima.

La Jueza especializada en Violencia de Género acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para el procesado.

Además, se dispusieron medidas de protección a favor de la menor y su madre, como boleta de auxilio, prohibición de acercamiento y restricción de cualquier acto de intimidación, incluso por terceros.

Base legal del proceso

El caso se investiga conforme al artículo 170, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta normativa establece que el delito de abuso sexual es sancionado con una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años, dependiendo de las circunstancias del hecho.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, periodo en el que se recopilarán más elementos dentro de la investigación.