La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco presuntos integrantes del grupo delictivo "RJ", investigados por el presunto delito de asociación ilícita relacionado con robos de maletas a pasajeros que salían del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Un juez de flagrancia dictó prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de 90 días.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, y concluyó durante la madrugada del 7 de mayo de 2026. Según la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 2), las investigaciones permitieron identificar el supuesto mecanismo utilizado por la organización.

De acuerdo con el fiscal del caso, la investigación previa se extendió durante cuatro meses e incluyó técnicas especiales de indagación para determinar cómo operaba el grupo en los alrededores del aeropuerto capitalino.

Presunto modo de operación

Según la teoría presentada por Fiscalía, los procesados habrían seleccionado a sus víctimas en el área de arribo del aeropuerto y posteriormente las interceptaban para sustraer sus pertenencias mediante actos violentos.

La investigación sostiene que Anthony Paúl C. C. permanecía dentro de la terminal aérea haciéndose pasar por familiar de pasajeros, con el objetivo de perfilar a posibles víctimas y alertar al resto del grupo sobre personas que transportaban equipaje o mercadería de valor.

Fiscalía señaló que esta información permitía coordinar el seguimiento y posterior intercepción de los pasajeros fuera del aeropuerto.

Roles atribuidos por Fiscalía

En la audiencia, el fiscal indicó que Eduardo Ismael J. B. sería el presunto líder del grupo y quien habría definido los lugares y modalidades para cometer los ilícitos. También se lo señala como conductor del vehículo que custodiaba a los integrantes que se movilizaban en motocicleta.

Su hermano, Alexis Fernando J. B., habría participado directamente en la sustracción de las maletas, mientras que Luis Andrés B. C. y Ángel David M. C. habrían intervenido en la movilización y ejecución de los robos utilizando motocicletas.

Las autoridades sostienen que las funciones dentro de la organización estaban previamente distribuidas para facilitar la identificación de víctimas, el seguimiento y la huida tras los delitos.

Allanamientos y evidencias

Los cinco procesados fueron detenidos durante seis allanamientos ejecutados la madrugada del 6 de mayo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante los operativos, las autoridades levantaron como indicios varias maletas, mercadería y una motocicleta reportada como robada.

Según Fiscalía, hasta el momento existen diez denuncias relacionadas con estos hechos, con una afectación económica superior a 10.000 dólares.

Los elementos recabados durante la investigación fueron presentados por el fiscal para sustentar el pedido de prisión preventiva contra los cinco procesados.

Proceso judicial en marcha

El caso se investiga bajo el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Con la decisión del juez, la Fiscalía dispondrá de un plazo de 90 días de instrucción fiscal para continuar recopilando evidencias, ejecutar diligencias investigativas y determinar posibles responsabilidades penales.

Durante este periodo también se desarrollarán pericias, análisis de indicios y otras actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Las autoridades no descartan que puedan aparecer nuevas denuncias o más elementos vinculados a la presunta organización investigada.