La Fiscalía General del Estado anunció que investigará el caso de la viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla Zamora, luego de que una jueza la declarara culpable de una contravención de tránsito. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 28 de febrero, en Cuenca, durante un operativo de control de alcoholemia, y derivó en una sentencia que incluye 30 días de privación de libertad, multa económica y suspensión de licencia.

Una jueza determinó que la funcionaria incurrió en la contravención tipificada en el artículo 385.3 del Código Orgánico Integral Penal. La autoridad judicial estableció que Quintanilla condujo un vehículo en estado de embriaguez. La sentencia dispone que cumpla la pena en el Centro de Privación de la Libertad de Infractores de Tránsito Mujeres de Cuenca (EMOV-EP).

El fallo impone además una multa de $ 1.446 y la suspensión de la licencia por 60 días. El documento judicial sostiene que la existencia de la infracción y la responsabilidad quedaron justificadas con prueba testimonial rendida bajo juramento.

Operativo y desarrollo de la audiencia

Según la sentencia, el operativo se ejecutó en la bajada de Todos los Santos y paseo 3 de Noviembre. En ese punto, agentes civiles de tránsito realizaban controles de documentos y pruebas de alcoholemia. El proceso judicial se desarrolló en el Hospital de Especialidades José Carrasco, donde la viceprefecta permanecía por una aparente afectación a su salud. Posteriormente recibió el alta médica.

El fallo señala que Quintanilla se negó a realizarse la prueba de alcotest. También indicó que no se sentía bien de salud. El documento incluye el testimonio de una agente civil de tránsito, quien declaró que la conductora mostró una fotografía de una licencia con otros nombres y apellidos y se negó a entregar los documentos requeridos. "Se ha justificado plenamente tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad de la procesada", indica el texto judicial, al citar la declaración rendida bajo juramento por la agente interviniente.

Fiscalía analizará posible delito de acción pública

El fiscal del Azuay, Marcos Flores, explicó que el caso corresponde a una contravención de tránsito tramitada por la EMOV-EP. Sin embargo, señaló que podrían existir otros elementos que requieran análisis. "A través de redes sociales se está teniendo conocimiento de que posiblemente podría existir el cometimiento de un delito de acción pública; en este caso, Fiscalía procederá a realizar las investigaciones correspondientes para establecer si se trata o no de un delito de acción pública", afirmó Flores.

El fiscal agregó que, en este tipo de delitos, la institución debe actuar de oficio cuando presume la comisión de una infracción penal. Además indicó que no existe un plazo específico, porque la Constitución obliga a investigar cuando surgen indicios. Flores precisó que hasta el momento no se ha recibido un oficio formal para iniciar indagaciones. No obstante, aseguró que la institución se encuentra lista para actuar conforme a la ley.

Mientras tanto, Alexandra Quintanilla solicitó vacaciones por 30 días, tras conocerse la sentencia. La situación jurídica de la viceprefecta de Azuay podría ampliarse si la Fiscalía determina la existencia de un delito adicional. La investigación de la Fiscalía y la sentencia por contravención de tránsito marcan un nuevo escenario institucional en Azuay, donde el caso se mantiene bajo seguimiento oficial.