La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió el 6 de febrero de 2026, de forma virtual, el testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones y falta de seguridad dentro del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por presuntas omisiones en su protección.
El magistrado compareció desde el extranjero. Explicó que se encuentra fuera del país por amenazas. Además, relató hechos ocurridos durante el proceso judicial. Serrano vinculó esas presiones con decisiones adoptadas antes de dictar sentencia en el llamado caso Euro 2024, que investiga presunto lavado de activos y tiene entre los procesados a Jezdimir Srdan.
Presiones denunciadas
Durante su intervención, el juez afirmó que recibió influencias indebidas de un exfuncionario del Consejo. Detalló que esos hechos ocurrieron un día antes del fallo. También indicó que existen audios en indagación previa. "Henry Gaibor ejerció presiones sobre mi", declaró Carlos Serrano, juez anticorrupción, en el juicio político que se tramita en contra de Mario Godoy.
Luego precisó: "Henry Gaibor (exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha) ejerció presiones sobre mi, el día previo a la sentencia para que absuelva a los procesados en el caso Euro 2024, entre ellos, Jezdimir Srdan". Serrano señaló que Gaibor mantenía cercanía con la administración de la Judicatura. Por ello, consideró que la presión provenía de un nivel jerárquico. Sin embargo, evitó ampliar detalles, pues los registros están bajo investigación fiscal.
Seguridad y omisiones
El juez responsabilizó a Mario Godoy, en su calidad de máxima autoridad del Consejo, de no haber garantizado su seguridad pese a reportes formales y advertencias sobre amenazas vinculadas al crimen organizado internacional, que presuntamente rodea al procesado Srdan.
Añadió que, cuando Godoy acudió a la Asamblea el 5 de enero, no mencionó estas presiones. En cambio, lo acusó de mantener procesos pendientes. Según Serrano, esa afirmación confundió a la ciudadanía. "Nadie se puso en contacto conmigo. Conocían mi estado de vulnerabilidad", narró. También explicó que solo existió un pedido formal al Ministerio del Interior. Después, no recibió acompañamiento permanente.
El funcionario relató que en el Complejo Judicial Norte de Quito colocaron artefactos explosivos a pocos metros de las oficinas de jueces anticorrupción y del restaurante donde desayunaba con frecuencia, lo que generó alarma institucional y temor entre el personal judicial.
Comparecencia virtual y exilio
Serrano afirmó que dos policías asignados a su seguridad dejaron de acompañarlo. Dijo que esa decisión lo dejó expuesto. Además, señaló que ese momento incrementó su sensación de riesgo. "Estoy exiliado fuera del país, estoy en un país de otras costumbres", expresó. Indicó que pidió apoyo a organismos internacionales. Por consiguiente, confirmó que se separó de su familia.
El magistrado agregó que presentó su renuncia irrevocable. Sin embargo, el Consejo aún no responde. Mientras tanto, se mantiene en vacaciones. También reiteró que el Consejo de la Judicatura nunca atendió sus pedidos. La Comisión de Fiscalización reinstaló la sesión cerca de las 11:00. Luego, se registró un intercambio entre legisladores sobre el orden de comparecencias. Finalmente, continuó la sustanciación del proceso político.
Este testimonio forma parte del expediente legislativo. Por tanto, la mesa evaluará la información y los documentos entregados. El caso mantiene atención pública, pues involucra a autoridades judiciales y seguridad institucional.