Estados Unidos alcanzó 150 muertos en bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según denunció Amnistía Internacional. La organización cuestiona la legalidad de las operaciones y exige el cese inmediato de los ataques.
La ONG calificó la cifra como un hito "sombrío y vergonzoso" y sostuvo que los operativos constituyen "asesinatos" y "ejecuciones extrajudiciales". Además, pidió que las autoridades de Estados Unidos rindan cuentas ante instancias nacionales e internacionales.
Amnistía Internacional cuestiona a Estados Unidos
La directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Amanda Klasing, afirmó en un comunicado que "El Ejército estadounidense ha alcanzado un hito sombrío y vergonzoso al anunciar tres asesinatos más en el Caribe, lo que eleva el total de muertos a 150. Estas muertes son las últimas de lo que, según el Derecho nacional e Internacional, puede interpretarse lamentablemente como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad".
Klasing agregó que, "independientemente de la dudosa cobertura que pueda proporcionar un análisis del Departamento de Justicia, estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales". También señaló que las interdicciones marítimas corresponden a operaciones policiales sujetas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Estados Unidos y la ‘Operación Lanza del Sur’
Desde el 2 de septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutan ataques aéreos bajo la denominada ‘Operación Lanza del Sur’. La Casa Blanca vincula las embarcaciones atacadas con el narcotráfico y describe a sus operadores como "narcoterroristas".
La Administración de Donald Trump no ha presentado pruebas públicas contra las personas señaladas. Entre los fallecidos constan nacionales de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago, según reportes difundidos por la organización.
Congreso de Estados Unidos enfrenta presión
Klasing sostuvo que "Un Estado que mata intencionalmente a alguien fuera de esas circunstancias está cometiendo una ejecución extrajudicial, sin importar el delito que se le imputa". Además, reclamó que "estos ataques deben cesar, y los perpetradores, incluidos altos funcionarios, deben rendir cuentas".
La dirigente instó al Congreso a que "actúe para detener estos asesinatos" y afirmó que algunos legisladores intentaron impulsar medidas, aunque el Congreso en su conjunto no exigió responsabilidades. También pidió que senadores y representantes ejerzan supervisión directa sobre la política de defensa.
En diciembre de 2025, la Casa Blanca reconoció un segundo bombardeo contra supervivientes de una operación previa. La polémica incluyó señalamientos sobre quién ordenó el ataque y generó debate interno en la cadena de mando militar.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfrentó cuestionamientos públicos, mientras la Administración atribuyó responsabilidad operativa al almirante Frank Bradley. En los últimos ataques, el general Francis Donovan asumió la orden, según el Comando Sur.
