En el último mes un segundo periodista abandona el Ecuador debido a amenazas de muerte



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Un periodista se ha visto obligado a abandonar Ecuador debido a varias amenazas que ha sufrido en contra de su vida.

Así lo confirmó la Fundación Periodistas Sin Cadenas en sus redes sociales, el último lunes 24 de abril de 2023.

Este es el segundo periodista que abandona el Ecuador por las mismas causas en lo que va del año, publicó El Comercio.

https://www.eldiario.ec/actualidad/el-periodismo-en-el-pais-traviesa-uno-de-sus-momentos-mas-criticos-amenazas-contra-comunicadores-se-estan-volviendo-comun/

El primer caso público fue el de Karol Noroña, quien abandonó el país el 28 de marzo pasado.

El periodista, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció las amenazas desde hace ocho meses a diferentes autoridades nacionales.

Entre las instituciones que conocían el caso están: la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y otras.

Antes de salir del Ecuador, el periodista dejó una nueva denuncia en la Fiscalía.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas se dirigió en su comunicado a la Fiscalía y al Consejo de la Comunicación.

https://www.eldiario.ec/actualidad/dayanna-monroy-presentadora-del-noticiero-24-horas-y-te-veo-ecuador-le-dice-adios-a-teleamazonas-despues-de-9-anos/

“Revisen de manera urgente sus mecanismos de atención a periodistas amenazados”, indica el comunicado.

También pide a estas instituciones del Estado que “diseñen e implementen un protocolo para este tipo de casos, con mayor celeridad”.

“Exigimos, además, la implementación de verdaderos programas de capacitación para su personal, acorde a los niveles de riesgo que la prensa enfrenta en Ecuador”, dijo la Fundación.

Otro de los puntos que enfatiza Periodistas Sin Cadenas, es que “el Estado tiene la obligación de proteger y ofrecer garantías para el ejercicio del periodismo en Ecuador”.

Así lo dictamina la Constitución de la República y una serie de instrumentos internacionales.

También lo ratifican recomendaciones directas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



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