Las próximas elecciones seccionales en Ecuador han desatado una batalla legal sin precedentes. El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta cuatro recursos subjetivos contenciosos electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y dos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC), todos dirigidos contra la resolución que adelantó la jornada al 29 de noviembre de 2026. Organizaciones políticas y ciudadanos cuestionan la legalidad del cambio y su impacto en la gestión financiera de los gobiernos locales.
El CNE adoptó esa decisión el 27 de marzo de 2026 con los votos de los consejeros José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita (vicepresidente) y Diana Atamaint (presidenta). La resolución se sustentó en informes del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) y de la Secretaría Nacional de Riesgos, que advierten sobre un posible fenómeno climático durante el primer trimestre de 2027. Con esa medida, la jornada para alcaldes, prefectos, vocales de juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pasó del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.
Cuatro recursos en el TCE contra las elecciones seccionales en Ecuador
Los recursos ante el TCE llegaron a partir del 30 de marzo de 2026. El primero lo presentaron Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, junto al abogado Gabriel Rivera López. El segundo recurso llegó de manos de Pablo Ricaurte Altamirano, presidente nacional del movimiento L.I.D.E.R. El tercero lo interpuso el asambleísta y presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano Valladares, y el cuarto correspondió a Holver Trinidad Giler Macías, presidente provincial de Sucumbíos y afiliado a Izquierda Democrática, junto a su abogado Paúl Desamblanc Cañadas.
El juez del TCE Guillermo Ortega rechazó el cuarto recurso por falta de legitimación activa de Giler Macías y ordenó el archivo de la causa. Los tres recursos restantes continúan en la fase de sustanciación.
La Corte Constitucional analiza dos acciones sobre las elecciones seccionales en Ecuador
El docente universitario Andrés Albuja Batallas presentó el 30 de marzo ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad de acto administrativo con efectos generales. El accionante argumenta que "el adelanto de las elecciones de febrero de 2027 a noviembre de 2026 no solo vulnera los derechos políticos, sino que impone una carga financiera regresiva a los gobiernos autónomos descentralizados".
Su escrito, al que tuvo acceso un medio nacional, añade que "obligar a los municipios a convivir con autoridades electas durante seis meses previos a su posesión desarticula la planificación financiera, fomenta el gasto ineficiente de salida y paraliza la inversión pública, contraviniendo el principio de eficiencia en la administración de recursos públicos". La causa recayó en el despacho del juez constitucional Jorge Benavides.
El Partido Social Cristiano presentó la tarde del 1 de abril de 2026 una segunda acción pública de inconstitucionalidad. El PSC alega que la Constitución establece situaciones específicas e inalterables para anticipar un proceso electoral, que no existe sustento técnico suficiente y que se prohíbe justificar cambios con pronósticos meteorológicos. También señala vulneración a los derechos de participación y a la seguridad jurídica. El partido precisó que "estas acciones se sustentan en la Constitución y en el Código de la Democracia, con el objetivo de garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos de participación política".
Lo que está en juego con el adelanto de las elecciones seccionales en Ecuador
Con el adelanto aprobado por el CNE, las elecciones seccionales en Ecuador para la designación de alcaldes, prefectos, vocales de juntas parroquiales y miembros del CPCCS pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. Los accionantes sostienen que ese recorte de más de dos meses genera desequilibrios en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados y obliga a financiar meses adicionales de autoridades salientes.
Tanto el TCE como la Corte Constitucional avanzan en el análisis de las impugnaciones. El resultado de estos procesos determinará si las elecciones seccionales en Ecuador se mantienen el 29 de noviembre de 2026 o si el calendario electoral regresa a la fecha original del 14 de febrero de 2027.
