El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció este lunes la recuperación de 9.3 millones de dólares para el Estado tras la anulación de dos sentencias judiciales declaradas ilegítimas. La Corte Constitucional revocó estas decisiones emitidas por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Guayas, detectadas como parte de actos corruptos denunciados por el SRI en noviembre de 2024. El proceso revela una supuesta complicidad entre jueces, abogados y contribuyentes que afectó las finanzas públicas.
La institución presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras identificar que jueces anularon obligaciones tributarias ya resueltas, utilizando acciones de protección de manera indebida. Este caso subraya los esfuerzos de el SRI por proteger los recursos nacionales frente a prácticas que comprometen la justicia. Las empresas involucradas deberán devolver los montos obtenidos de forma irregular.
Detalles de los casos resueltos
Uno de los casos involucra a Koval Management Kovmanag S.A. («KOVMANAG»), donde la Corte determinó que los jueces vulneraron el derecho a la seguridad jurídica al aceptar una acción de protección improcedente (Sentencia No. 2012-22-EP/25). Como resultado, la empresa y sus partícipes deben devolver 6.822.613,33 dólares al fisco, un monto que habían percibido injustamente.
El segundo caso afecta a Constructora Carlo Poggi Barbieri S.A., donde los jueces ignoraron una decisión previa, violando el principio de cosa juzgada (Sentencia No. 3374-22-EP/25). Esta empresa deberá restituir 2.516.854,86 dólares, y la Corte ordenó remitir el expediente a la Fiscalía para investigar posibles delitos penales, dado el dolo detectado en los magistrados.
El SRI y su postura frente a la corrupción
El SRI instó a los jueces a aplicar el derecho con rectitud, promoviendo una justicia transparente y honesta. La institución advierte que tomará medidas firmes para resguardar los fondos públicos contra intentos de obtener reparaciones injustas mediante fallos manipulados. Esta postura alinea sus acciones con la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública impulsada por el presidente Daniel Noboa Azin.
La ley exige a los funcionarios judiciales actuar con imparcialidad y ética, buscando erradicar prácticas que erosionan la confianza en el sistema. El SRI reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para sancionar abusos legales que perjudican al interés colectivo.
Impacto en el Estado de Derecho
La corrupción judicial impacta no solo a el SRI, sino también al Estado de Derecho y la sociedad ecuatoriana. La recuperación de estos fondos fortalece las arcas públicas y reafirma la necesidad de transparencia. Las investigaciones en curso podrían revelar más detalles sobre la magnitud de estas irregularidades.
El SRI continuará vigilante para prevenir futuros casos similares. Las autoridades esperan que estas acciones disuadan conductas corruptas y refuercen la integridad institucional. El caso permanece bajo escrutinio mientras se avanza en las pesquisas correspondientes.
