Durante una entrevista con Manavisión Plus, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TCE), Jorge Acosta, analizó la situación legal que envuelve al alcalde Portoviejo, Javier Pincay. El especialista explicó que la suspensión de los derechos políticos sanciona únicamente la facultad de elegir y de ser elegido en votaciones.
En este sentido, Acosta fue concreto y aclaró que Pincay puede seguir ejerciendo su condición de alcalde porque la decisión "no posee efectos retroactivos sobre el cargo que está ejerciendo actualmente". Es decir, el burgomaestre puede continuar desempeñando su cargo de manera regular hasta que finalice su período de gestión correspondiente, que, según el calendario electoral, culmina el 14 de mayo de 2027 con la posesión del nuevo alcalde o nueva alcaldesa de Portoviejo.
¿Qué puede hacer el Concejo Municipal?
Acosta también cuestionó el procedimiento al señalar que las autoridades de control "se entusiasman y mandan las prohibiciones sin hacer explicaciones", haciendo referencia a notificación enviada al Ministerio del Trabajo, que, según él, genera confusión debido a la falta de especificidad en las prohibiciones que limitan a Pincay. En esa línea, el experto detalló que los concejales de Portoviejo no tienen la obligación jurídica de pronunciarse para remover al alcalde de sus funciones. En caso de una decisión contraria por parte de los ediles, el afectado cuenta con recursos ante el Consejo Provincial.
En este panorama, la defensa de Pincay sostiene que el plazo de suspensión ya precluyó, pero el organismo electoral mantiene el registro de sanción. Ante ello, el exfuncionario insistió en que la pérdida de derechos políticos no equivale a un impedimento absoluto para seguir trabajando; lo que coincide con la lectura de análisis realizada por Acosta.
El adelanto del calendario electoral
La modificación del calendario para los comicios de noviembre por motivos climáticos carece de sustento en la normativa electoral, según Acosta. En la entrevista señaló que la Constitución de la República permite cambiar las fechas de votación únicamente por muerte cruzada o fallecimiento presidencial.
Esta variación del tiempo busca evitar una mayor pérdida de electores para los candidatos del actual gobierno...es un fraude descarado diseñado para entregar ventajas políticas a la tendencia oficialista.
Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral
El especialista también cuestionó la eliminación de movimientos como Unidad Popular y Construye debido a la falta de pruebas reales en sus expedientes. "Quien afirma un hecho debe probarlo", sostuvo al exigir que el organismo electoral demuestre con documentos las "supuestas" desafiliaciones. Y, en ese sentido, la falta de transparencia en estos procesos administrativos incrementa las dudas de los ciudadanos sobre la legitimidad de las autoridades, según lo han manifestado diferentes analistas que han profundizado el panorama electoral en entrevistas de Manavisión Plus.
Recursos públicos y campaña anticipada
Durante el diálogo, Acosta también hizo referencia sobre los recursos públicos y la campaña anticipada, y advirtió que, "va a haber una utilización grosera de bienes y recursos públicos para favorecer a los postulantes del gobierno". Y, para evitar dicha situación, el analista solicitó un control estricto por parte de la Contraloría General del Estado sobre los recursos públicos. Y es que para el exfuncionario, estas acciones evidencian una desesperación por asegurar espacios de poder político en los diferentes gobiernos locales.
Acosta concluyó el conversatorio manifestando que confía en la capacidad de los ciudadanos ecuatorianos para identificar las "maniobras políticas implementadas por el oficialismo"; recordando que las próximas semanas serán determinantes para observar el comportamiento de las agrupaciones políticas y el nivel de control institucional.
