El Gobierno colombiano pide a ELN y FARC detener sus combates en Cauca y Nariño
La Oficina del Alto Comisionado de la Paz del Gobierno de Colombia pidió a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC-FARC) detener sus enfrentamientos. Pues estos ponen en riesgo a los habitantes de los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país.
“Los combates entre estructuras del ELN y del EMC-FARC ponen en grave peligro a la población civil. Desde el Gobierno nacional instamos de manera urgente a estos grupos armados a detener sus acciones bélicas”, indica el comunicado.
El Alto Comisionado los exhortó “a ceñirse a las normas del DIH (Derecho Internacional Humanitario), que ambas organizaciones dicen respetar”.
Además, denuncia que estos grupos armados no muestran gestos de paz. Y por tanto,, dice queda en duda los deseos reales de negociar el fin del conflicto en los contactos abiertos con el Gobierno.
“Colombia necesita ver gestos de buena voluntad de quienes aseguran ser partidarios de una paz integral que cimiente la democracia con justicia social y ambiental en los territorios. De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad de cualquier esfuerzo en la búsqueda de una paz dialogada con grupos que aseguran tener un origen político”, argumenta.
Las comunidades y autoridades indígenas y campesinas de estas zonas de Cauca “han manifestado de todas las maneras posibles su hastío frente a la permanente situación de miedo y peligro a la que son sometidas por los grupos armados ilegales que hacen presencia en sus territorios”.
Enfrentamientos de las FARC y el ELN
En concreto denuncian confinamientos, desplazamientos y extorsiones por estos enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia de las FARC y el ELN.
“Hacemos un llamado urgente a ambos grupos armados a parar esta confrontación sin sentido que afecta directamente a los habitantes –mayoritariamente pertenecientes a la etnia indígena Awá– de esta subregión del Piedemonte costero”, prosigue. “Convertir los campos en territorios abandonados es impedir que el proyecto de democracia con justicia social y ambiental avance en el país”, concluye.
