La Ley Antimafias respondería más a un populismo penal que a la prevención efectiva del crimen organizado, aseguró la abogada Mónica Luzárraga, en una entrevista con Manavisión Plus, en la cual explicó los riesgos legales y procesales de la normativa. Además analizó las sanciones a varias autoridades y la investigación del caso de la activista Mónica Silva, señalando posibles limitaciones a la democracia en el país, por beneficiar al gobierno actual.

- ¿Cuál es su análisis sobre la Ley Antimafias que presenta el Ejecutivo?

Siempre se utiliza e intenta, camuflar a través de estos nombres  ostentosos como, 'Ley de Solidaridad Nacional', 'Ley de Integridad Pública', 'Ley Antimafias',  lo que en efecto constituye la transcripción y la confianza ciega en el populismo penal. 

De esto muy pocas personas pueden hablar, no solamente con certeza, sino también con conocimiento, lo hacen porque, se viene sosteniendo alrededor de prácticamente tres años de gobierno, el discurso de seguridad es el único que tienen para continuar gobernando; es el que sostiene quizás todas las formas represivas y autoritarias.

Al hacerlo, ponen contra las cuerdas a la opinión pública, a la sensatez y al conocimiento del derecho. Con ello, evidentemente, no habrá un ciudadano que diga, "Bueno, ¿y por qué alguien no estaría de acuerdo con una Ley Antimafias, si el gobierno ha indicado que lucha efectivamente contra el crimen organizado y contra la mafia?".

Lo importante, es que las voces que salgan alrededor de la discusión legislativa que además hoy en día no son invitadas ni escuchadas en la Asamblea Nacional tengan estos espacios realmente de difusión alternativa para conocer que lo que se venden son placebos. 

-¿Podría ser algo corregible o definitivamente debería ser desechada esta Ley Antimafias?

Es populismo penal puro y duro, hay cosas bastante complicadas desde el aspecto no solamente procesal, sino también desde la óptica de la defensa. Por ejemplo, ahí aparecen cosas como la tipificación de nuevas figuras penales; cuando conoces el Código Orgánico Integral Penal (COIP) a profundidad, porque además lo explicas y lo enseñas todos los días, te das cuenta de que las figuras que están creando tienen penas inferiores a aquellas que ya constan descritas en el código. 

Un ejemplo es el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización: hoy en día, transportar o almacenar sustancias a gran escala tiene una pena súper alta, y resulta que esta Ley Antimafias intenta crear otro tipo penal distinto con una pena inferior.

¿Qué sucede si se aplica esta Ley? 

Que si mañana o pasado tenemos que defender uno de estos casos, cualquier abogado, incluso uno recién graduado de la universidad, pudiera decir: "Bueno, apliquemos el principio de favorabilidad", porque entre dos normas que regulan lo mismo, siempre se debe aplicar la que le es más favorable al reo. 

Estas cosas pasan por lo necesario que resulta para la narrativa de este momento sostener que el gobierno sigue esforzándose en la lucha contra el crimen organizado, pero en realidad demuestra el franco desconocimiento que tienen los legisladores oficialistas con respecto a la integralidad del COIP.

Además, de acuerdo a la doctrina, el derecho penal aparece cuando ya se cometió el delito. Me hubiera encantado ver en una Ley Antimafias, la prevención del crimen organizado, la prevención en el cometimiento de delitos, lo cual evidentemente no aparece. Como lo dice su nombre, el derecho penal es un derecho de penas; aparece cuando el delito ya se cometió.

-Respecto al fallecimiento de Mónica Silva, el ministro Reimberg indicó que aparentemente se dio un posible suicidio, generando un sinnúmero de reacciones, ¿cuál es la suya?

El ministro Reimberg peca lastimosamente de una iniciativa que revela su franca incompetencia y desconocimiento de todo lo que conlleva la responsabilidad de una cartera como el Ministerio del Interior. 

Lo digo frontal, aunque hoy en día eso te puede representar la persecución, la cárcel o la muerte, pero nadie con un mediano conocimiento puede establecer una hipótesis de suicidio o de homicidio cuando ni siquiera han transcurrido 24 horas del hallazgo de un cadáver, y menos en una situación particular como la de Mónica Silva.

Cuando se trata de activistas de derechos humanos o de personas públicas recordemos el caso del fiscal Nisman en Argentina, para establecer o descartar que se trate de un acto autoinfligido, tiene que haber una investigación reforzada, ni siquiera habían entregado el cadáver y él ya estaba lanzando conclusiones, lo cual, además de ser vergonzoso, es contrario a la independencia que debe existir en la labor investigativa. 

- ¿Por qué considera prematuro concluir que la muerte de Mónica Silva estuvo relacionada con una depresión o medicación?

La única forma de llegar a una conclusión es luego de haber analizado todas las hipótesis posibles, haber descargado de forma exhaustiva qué pasó antes, durante y después; cómo encontraron el cadáver, qué había alrededor y qué existe en la historia de Mónica Silva.

Allí sí podríamos establecer que la línea investigativa, las evidencias y los vestigios de una investigación profundamente técnica y reforzada como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos han permitido descartar un homicidio. 

Pero lanzarse a primera hora del día a decir que las conclusiones establecen que estaba medicada o que tenía depresión genera sospechas. Es preocupante que se tome con tal ligereza la vida de las personas, sobre todo de aquellas vinculadas al activismo social, a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia de actos de corrupción que, casualmente, han involucrado a varios actores políticos, muchos de ellos cercanos al gobierno nacional.

- La activista venía denunciando situaciones complicadas que se podrían estar dando desde el gobierno. ¿Podría ser una especie de "adelantarse" por parte de ellos con las declaraciones del ministro?

Por supuesto, ni antes, ni ahora, ni nunca un ministro del Interior, que además no tiene competencias en el ejercicio de la acción penal pública puede lanzar conclusiones basándose quizás en los primeros hallazgos. Es absolutamente irresponsable hacerlo. Para llegar a una conclusión, luego de descartar varias hipótesis, hay que seguir una línea investigativa y hacer otro tipo de diligencias.

Cuando se trata de una persona que ha estado activamente vinculada a denuncias de corrupción y que por su presencia mediática demostraba tener un proyecto de vida, ¿en qué cabeza cabe establecer una conclusión en menos de 24 horas?. 

Una activista que hasta hace poco estaba dando entrevistas y luchando contra la corrupción, de repente la conclusión que lanza el oficialismo es decir, "No, tranquilos, ya está todo solucionado, ya hemos establecido que esto se trata de un suicidio". No lo suele decir ni el fiscal a cargo de la investigación, ni el fiscal provincial, ni el comandante de la provincia; lo dice el ministro del Interior, que peca de agencioso. 

-Sobre alcaldes o posibles candidatos que están siendo sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).  Ayer se ratificó la sanción al alcalde de Cuenca. ¿Esto afirma lo que ustedes han venido denunciando sobre una persecución política en el país?

Cuando se hablaba de otras vinculaciones de orden penal, hay que dejar claro que hoy todos somos oposición y que el único enemigo es quien ha trazado ya las condiciones sobre las cuales muchas personas van a poder o no, disputar una elección. 

Con lo de Cristian Zamora, Vico Villasís, Aquiles Álvarez y Javier Pincay, corroboramos que hoy no va a participar quien desee hacerlo o quien, de acuerdo a la democracia liberal, tenga las condiciones. Hoy solamente va a disputar el tablero electoral a quien el gobierno le autorice estar en una elección.

Y digo el gobierno porque, evidentemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral operan hoy como oficinas adscritas junto a muchos otros poderes del Estado, a los intereses y al servicio del gobierno nacional. Con ello seguimos ratificando que no hay un piso democrático ni mínimos sobre los cuales todos podamos participar. 

-Organizaciones sociales se acercaron para comenzar un proceso de revocatoria de mandato. ¿qué cree que pueda pasar?

Siento que van a boicotear y que van a restringir, de una u otra manera, a través de estos actos, vimos cómo actuó la Policía Nacional nuevamente, sin ningún tipo de límite ni proporcionalidad, para restringir el derecho constitucional a la resistencia que tienen los ciudadanos, entendiendo además que la revocatoria es una vía democrática prevista en la Constitución. 

Van a intentar impedir que se llegue a concretar esta propuesta y, muy a pesar de lo que los ciudadanos puedan aspirar, el mismo sistema democrático, constitucional y legal nos hace depender del CNE. Esto quizás es un llamado a Diana Atamaint y sus secuaces, respeten la voluntad popular, porque es plantear de forma democrática un proceso de revocatoria, también es democrático permitir que los ciudadanos se reúnan y permitir el derecho a la resistencia. 

No se debe seguir abonando a este clima de polarización y de violencia donde el ciudadano busca vías democráticas, pero parece que el CNE lo arrincona hacia vías no democráticas. Cuando estallen o se generen episodios de violencia, que no salgan a decir, "Ah, no, es que son terroristas", cuando ciertamente han impedido que los ciudadanos organizados puedan pronunciarse en la voluntad que ellos quieran, sea la revocatoria o no, que al final es un procedimiento arreglado.

- Estamos a las puertas de los procesos de democracia interna dentro del calendario electoral. ¿Cómo van los diálogos y el impulso a su posible candidatura a la alcaldía de Guayaquil?

A mí no me interesa una candidatura individual, promovida por un partido o por un casillero, sino más bien una candidatura que nazca de un consenso, sobre todo ante las condiciones de abandono político en las que se encuentra hoy en día la ciudad de Guayaquil, producto del secuestro y de los actos que se han cometido en contra del alcalde Aquiles Álvarez, de quien además hemos visto, a través de las voces de sus abogados, lo incipiente y lo precario que es el proceso investigativo seguido en su contra. 

Si se dan las condiciones, estaremos ahí siendo representantes legítimos para la ciudadanía; pero si no se da, tampoco nos quita el sueño. Creo que hay otras causas y otros espacios donde podemos hacer también un ejercicio de participación, sobre todo en defensa de la democracia y de la patria.