La Fiscalía General del Estado presentó nuevas evidencias dentro del caso Jaque, una investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El fiscal Richard Alvarado expuso chats, documentos y dinero hallados durante allanamientos realizados en 2026.

La información fue presentada durante la audiencia de vinculación de seis nuevos procesados, quienes se suman a una causa que ya acumula 16 investigados por supuestas irregularidades en la emisión de licencias, turnos y permisos de operación.

La investigación sostiene que una red integrada por funcionarios y colaboradores externos habría cobrado dinero para agilizar trámites y facilitar la obtención de documentos emitidos por la ANT. Entre las evidencias presentadas constan conversaciones extraídas de teléfonos celulares que muestran contactos entre usuarios y funcionarios relacionados con la obtención de licencias de conducir.

Una de las comunicaciones atribuidas a una usuaria señala: "Como ya conseguí el dinerito, quería ver a qué horas nos podemos acercar para dejarle cancelando". El diálogo consta en un teléfono atribuido a Dany Eduardo Z. R., quien se desempeñaba como jefe del departamento de Atención al Usuario de la ANT en Cayambe.

Chats exponen presuntos pagos irregulares

De acuerdo con la Fiscalía, los mensajes muestran solicitudes para obtener turnos y licencias fuera de los procedimientos ordinarios. Otro de los diálogos fue hallado en el teléfono de Segundo Fermín L. Q., trabajador de una escuela de conducción. Según la investigación, él habría captado usuarios interesados en obtener documentos mediante pagos.

En una conversación difundida durante la audiencia se lee: "Con gusto le podemos ayudar", respuesta entregada a una persona que consultaba sobre la posibilidad de agilizar la obtención de una licencia de motocicleta. La Fiscalía también presentó un intercambio relacionado con licencias profesionales. Según el expediente, uno de los mensajes señalaba: "Si no quiere rendir el examen, serían USD 120 más por la licencia tipo E", documento que habilita la conducción de vehículos pesados y extrapesados.

Los investigadores sostienen que estas prácticas habrían permitido la emisión de licencias sin cumplir todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Allanamientos dejaron nuevos indicios

Durante los operativos ejecutados en inmuebles vinculados a los investigados se decomisaron documentos, dinero en efectivo y equipos electrónicos. En la vivienda de Dany Eduardo Z. R. se encontraron USD 1.930 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, 273 documentos de la ANT, 20 licencias de conducir a nombre de terceros, 11 carnés de tipo de sangre, 11 diplomas y 207 certificados relacionados con la entidad.

Mientras tanto, en el domicilio de Grace R. fueron halladas 100 licencias de conducir, una computadora portátil, un teléfono celular, una memoria USB y dinero en efectivo. Además, los agentes revisaron el teléfono de Segundo Fermín L. Q. Allí encontraron imágenes de licencias, tipos de sangre, transferencias bancarias, turnos de atención y conversaciones con funcionarios de la ANT.

Uno de los mensajes citados por la Fiscalía dice: "¿Tal vez están ayudando las renovaciones sin turno? Tengo dos usuarios, por favor".

Caso Jaque suma 16 procesados

Los seis nuevos vinculados son Dany Eduardo Z. R., Segundo Fermín L. Q., Erika C., Diana A., Gonzalo F. y Grace R. El juez José Cornejo dispuso prisión preventiva para cinco de ellos, mientras que Grace R. deberá cumplir presentaciones periódicas y tiene prohibición de salida del país.

La causa inició el 30 de enero de 2026, tras una serie de allanamientos a funcionarios de la ANT, incluido su entonces director, Pedro Abril Alegría, quien figura entre los procesados. Con la incorporación de los nuevos investigados, la instrucción fiscal fue ampliada por 30 días. Durante la audiencia, el fiscal Richard Alvarado afirmó que el impacto del caso no solo afecta la gestión administrativa.

"El daño no es únicamente a la tramitación sino también se da a la Administración Pública, al corromper al funcionario público", manifestó. Además, agregó que la emisión irregular de licencias profesionales representa un riesgo para la seguridad vial, ya que podrían obtenerse documentos sin la capacitación requerida para conducir determinados vehículos.