El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presunta colaboración con el narcotráfico, en un caso presentado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación fue presentada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole. Según las autoridades, los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Además del gobernador, entre los acusados figuran el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. También se incluyen exfuncionarios de alto nivel vinculados a áreas de seguridad, finanzas y administración pública.
De acuerdo con el documento judicial, los diez acusados participaron en una presunta "conspiración corrupta y violenta" para introducir grandes cantidades de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
Funciones atribuidas y posibles sanciones
Entre las actividades señaladas por las autoridades estadounidenses se encuentran la protección a líderes del cártel frente a investigaciones y detenciones, así como la entrega de información confidencial de fuerzas de seguridad mexicanas.
También se les atribuye haber ordenado a agentes estatales y locales brindar seguridad a cargamentos de droga en tránsito hacia Estados Unidos, además de permitir actos de violencia vinculados al narcotráfico sin intervención.
A cambio, según la acusación, los implicados habrían recibido millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas.
De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de su grado de participación en los hechos.
Reacciones y postura del gobierno mexicano
El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó públicamente las acusaciones, señalando que "carecen de veracidad y fundamento alguno", y afirmó que se defenderá en las instancias correspondientes.
Además, calificó el proceso como un ataque político contra su persona y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la actual administración.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía para su evaluación.
Contexto legal y proceso en curso
La cancillería mexicana indicó que, tras una revisión inicial, los documentos presentados por Estados Unidos no contienen elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados en los delitos señalados.
El caso se desarrolla en el marco del tratado de extradición entre ambos países, lo que implica un proceso legal que deberá cumplir con requisitos establecidos en la legislación bilateral.
Las investigaciones continúan en curso, mientras se analizan las solicitudes de cooperación judicial y se definen los siguientes pasos en este proceso internacional.
