La Diócesis de Santo Domingo hizo público un edicto relacionado con Miguel Flores Martínez, exsacerdote que desarrolló actividades pastorales y educativas en la provincia entre 2013 y 2019 y que fue sancionado por la Iglesia Católica tras un caso de abuso sexual ocurrido en México.
El religioso perteneció a la Orden de las Escuelas Pías, conocida como los Escolapios, una congregación dedicada principalmente a la educación de niños y jóvenes mediante colegios y proyectos pastorales en distintos países.
Según la información difundida por la Diócesis de Santo Domingo, Flores Martínez fue separado de sus funciones en 2019. Posteriormente, en octubre de 2020, la Santa Sede dispuso su expulsión del estado clerical luego de determinar abusos sexuales contra un menor de edad ocurridos en Ciudad de México entre 2006 y 2010.
La sanción implicó la pérdida definitiva de su condición de sacerdote y la prohibición de ejercer cualquier actividad ministerial dentro de la Iglesia Católica.
Falleció antes de concluir otros procesos
Flores Martínez falleció en México en 2022. La propia Orden de las Escuelas Pías confirmó su deceso.
Su muerte ocurrió después de la sanción canónica impuesta por el Vaticano y antes de que concluyeran otras acciones impulsadas por denunciantes relacionados con el caso.
El nombre del exreligioso volvió a ocupar espacio en la opinión pública tras la difusión de testimonios de presuntas víctimas en medios mexicanos. Entre ellos figura un joven quien denunció haber sufrido abusos cuando era menor de edad y participaba como monaguillo.
El llamado de la Diócesis de Santo Domingo
Más allá de informar sobre la sanción y los antecedentes del caso, el principal objetivo del documento difundido por la Diócesis de Santo Domingo es localizar a posibles afectados durante el tiempo en que Flores Martínez permaneció en la provincia.
La institución invitó a cualquier persona que considere haber sido víctima de algún tipo de abuso por parte del exsacerdote en colegios, parroquias o espacios pastorales a comunicarse con el Tribunal Diocesano.
Según la entidad religiosa, el propósito es recibir información, brindar acompañamiento y facilitar los procedimientos establecidos por la Iglesia para este tipo de situaciones.
La publicación constituye uno de los pronunciamientos más directos realizados por la Iglesia local sobre un religioso que ejerció funciones en Santo Domingo y que posteriormente fue expulsado del estado clerical por abuso sexual.
