"Vamos a activar, por supuesto, nuestra línea de comunicación diplomática con este país (Ecuador) para que se controle ese tráfico ilegal de explosivos". Con esta declaración, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, confirmó que materiales explosivos estarían ingresando desde Ecuador para abastecer actividades de minería ilegal en los Farallones de Cali.

La funcionaria se pronunció luego de atender denuncias de habitantes del corregimiento La Leonera, quienes alertaron sobre la posible reactivación de explotaciones ilícitas en áreas cercanas al Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Según indicó, la situación requiere una respuesta inmediata por su impacto ambiental y social.

Acciones frente a la alerta

En respuesta, el Ministerio de Ambiente anunció la puesta en marcha de una hoja de ruta que incluye inspecciones en terreno para ubicar los puntos de extracción ilegal. Estas acciones permitirán avanzar en el cierre técnico de las minas y en procesos de judicialización contra los responsables.

"Venimos a atender el llamado de la comunidad respecto a los indicios que han manifestado", señaló la ministra Vélez, al explicar que también se fortalecerá la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía en la zona. Estas intervenciones contarán con apoyo de la Gobernación del Valle para garantizar su ejecución.

Riesgos ambientales y seguimiento

De forma paralela, Parques Nacionales Naturales iniciará estudios para determinar posibles niveles de contaminación por mercurio en las fuentes de agua cercanas. Este análisis será clave para establecer acciones de recuperación ambiental en caso de evidenciarse afectaciones.

Asimismo, la ministra informó que se mantendrán mesas de trabajo con organizaciones comunitarias para dar seguimiento a la problemática. "Este Ministerio va a acompañar esa mesa y vamos a trabajar de la mano de las comunidades", afirmó.

Finalmente, se solicitó a la Alcaldía de Cali verificar que la bocatoma del río no presente rastros de mercurio, como parte de las medidas preventivas. Estas acciones buscan contener el avance de la minería ilegal en una de las principales áreas protegidas del suroccidente colombiano.