La defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henríquez, emitió este lunes 18 de mayo del 2026 un pronunciamiento público. En el se atribuye directamente al Estado ecuatoriano la responsabilidad sobre la vida e integridad física de su defendido. Alvarez permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro (CPL Santa Elena).
A través de imágenes obtenidas en videollamada por Zoom, se observa un evidente cambio físico en el alcalde, con drástica pérdida de peso y deterioro general de su salud, según reportan sus abogados.
Aquiles está preso SIN SENTENCIA y sin que le prueben ningún delito, en una cárcel de máxima seguridad.
— Raúl Chávez (@Rauli_Chavez) May 18, 2026
Estas fotos reflejan la cruel tortura a la que está siendo sometido.
Esto no se trata de ideología, sino de humanidad. No podemos permitir que esto pase sin alzar nuestra... pic.twitter.com/DKjTULM1n7
Preocupación por el estado de salud
Los juristas recuerdan que la Constitución ecuatoriana obliga a las autoridades a garantizar la integridad física, atención médica adecuada y protección contra tratos crueles o degradantes a las personas privadas de libertad.
Sin embargo, denuncian el silencio de las instituciones respecto a la situación médica real de Aquiles Alvarez. La preocupación se ha intensificado ante denuncias de un presunto brote de tuberculosis en el centro penitenciario, tras la muerte de un recluso el viernes 15 de mayo por esta enfermedad.
Alerta sanitaria en la Cárcel del Encuentro
Los abogados señalaron que, de confirmarse el brote, el Estado tiene la obligación inmediata de intervenir con atención especializada y transparentar las medidas adoptadas. El pronunciamiento advierte: "Callar frente a una posible crisis sanitaria dentro de una cárcel no es una omisión menor: es una grave irresponsabilidad institucional".
Además, la defensa denunció restricciones para mantener un contacto efectivo y constante con Aquiles Alvarez, lo que les ha impedido formalizar la documentación necesaria para ejercer su defensa técnica.
Restricciones al derecho de defensa
Los abogados sostienen que estas limitaciones afectarían el artículo 76 numeral 7 de la Constitución, relacionado con el derecho al debido proceso. "Hoy el país observa cómo una persona sin sentencia ejecutoriada pierde peso, salud y condiciones dignas bajo custodia estatal", indica el documento.
Aquiles Alvarez fue detenido el 11 de febrero de 2026 y enviado inicialmente a la Cárcel de Cotopaxi. El 8 de marzo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de la Cárcel del Encuentro. Al día siguiente, el presidente Daniel Noboa manifestó que allí "estará más seguro".
Procesos penales y posición oficial
El alcalde enfrenta dos órdenes de prisión preventiva vigentes: el caso Triple A (presunto tráfico de combustibles) y el caso Grillete (irregularidades con el dispositivo electrónico). En el caso Goleada, la prisión preventiva fue revocada en abril de 2026.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró el domingo 17 de mayo que Aquiles Alvarez mantiene comunicación constante con sus abogados y contacto con sus familiares, y que "todo eso se viene cumpliendo". La defensa enfatiza que la prisión preventiva no puede convertirse en una condena anticipada ni exponer al detenido a un deterioro físico progresivo sin sentencia ejecutoriada.
