La Fiscalía General del Estado solicitó ampliar por 30 días adicionales la instrucción fiscal del caso Goleada, investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
De acuerdo con el portal Primicias, la audiencia de reformulación de cargos y vinculación de cinco nuevas personas se realizará este miércoles 13 de mayo de 2026 de forma telemática. La diligencia no será transmitida públicamente por plataformas digitales, según petición de los procesados y sus defensores.
Extensión de la investigación
La Fiscalía reformulará los cargos contra los actuales 12 procesados y vinculará a cinco personas más del círculo familiar y cercano del alcalde Aquiles Alvarez, con lo que el total de investigados ascenderá a 17.
Entre los nuevos vinculados figuran: Gioconda Alvarez Henriques (madre del alcalde, 64 años), Fiorella Icaza Samán (esposa, 35 años), Fernando Viteri Henriques (primo, 48 años), Andrés Viteri Henriques (primo, 44 años) y Éricka Vélez Orellana (38 años).
La audiencia se desarrollará de manera virtual a través de Zoom, a pedido de los involucrados. Los abogados de Aquiles Alvarez argumentaron que el alcalde se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de Santa Elena N.° 1, lo que imposibilita su comparecencia física. Asimismo, indicaron que varios familiares residen en Guayaquil y la madre del alcalde vive en Estados Unidos.
Origen y desarrollo del caso
El caso Goleada inició en diciembre de 2025 tras la cooperación eficaz de un exgerente financiero del grupo societario del alcalde. La Fiscalía procesó inicialmente a 12 personas, entre ellas los hermanos del alcalde, Antonio y Xavier Alvarez Henriques.
A Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y otros se les dictó prisión preventiva el 11 de febrero de 2026, aunque un tribunal la revocó en apelación el 2 de abril. El alcalde permanece detenido por órdenes de prisión en otros procesos.
Reformulación de cargos
En la audiencia del 13 de mayo, la Fiscalía informará a los procesados sobre el cambio de tipificación penal, que podría pasar, por ejemplo, de delincuencia organizada a lavado de activos, según nuevos elementos recabados.
La instrucción fiscal, que inicialmente duraba 90 días, ya fue extendida una vez por la vinculación del asambleísta Raúl Chávez y culminaría el 11 de junio de 2026 con esta nueva prórroga de 30 días. El caso investiga un presunto entramado empresarial que habría blanqueado dinero procedente de la comercialización ilegal de combustible en la frontera norte del país.
