El Presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional la solicitud de denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) el pasado 21 de mayo. La iniciativa del Ejecutivo busca dejar sin efecto la adhesión del país a este mecanismo financiero internacional implementado hace diecisiete años.
El pedido, formalizado mediante un oficio de dos páginas dirigido al presidente del Legislativo, Niels Olsen, fundamenta la salida definitiva del instrumento tras los dictámenes de la Corte Constitucional (CC) que viabilizan el proceso legal. En su reciente Informe a la Nación, el primer mandatario calificó al Sucre como un símbolo de manipulación institucional para beneficiar a grupos de poder.
Plataforma habría sido usada para operaciones ilícitas
El tratado original fue suscrito el 16 de octubre de 2009 en Bolivia, por los entonces presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Venezuela, Hugo Chávez; y el vicepresidente cubano José Ramón Machado, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bloque del que Ecuador se separó en 2018.
Correa ratificó el acuerdo en junio de 2010. Años después, el sistema de pagos fue cuestionado tras revelarse que el empresario colombiano Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y procesado por lavado de activos en Estados Unidos tras su deportación desde Venezuela el 16 de mayo, presuntamente utilizó la plataforma para operaciones ilícitas a través de la empresa Foglocons mediante exportaciones simuladas.
Aunque el anterior gobierno de Guillermo Lasso intentó denunciar el tratado en 2022 y obtuvo dictámenes favorables de la Corte Constitucional que declararon la constitucionalidad de la medida, el exmandatario no remitió el proyecto debido a la falta de respaldo político en el parlamento. La Corte determinó en su dictamen n.° 1-22-T1/22 que el trámite requiere obligatoriamente aprobación legislativa previa.
Se necesitan 77 votos de la Asamblea Nacional
Actualmente, el trámite pasará a revisión bajo el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional deberá verificar los documentos aportados y remitir el expediente a una comisión especializada, que tendrá veinte días para emitir un informe vinculante destinado al debate del pleno.
Para que la denuncia del tratado sea aprobada de forma definitiva, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los asambleístas, equivalente a 77 voluntades, un respaldo político con el que la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados legislativos cuentan en la actualidad.
