La Corte Constitucional manifestó su profundo pesar por el asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga y expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus funciones los operadores de justicia en el país.
A través de un pronunciamiento emitido este jueves 14 de mayo del 2026, la Corte Constitucional señaló que el fallecimiento de la magistrada enluta a toda la Función Judicial ecuatoriana y constituye un grave acto de violencia que afecta directamente al sistema de justicia.
La institución extendió su solidaridad con los familiares, amistades y compañeros de trabajo de la jueza Pachar Huanga, así como con todos los servidores de la Función Judicial.
La Corte Constitucional del Ecuador expresa su preocupación ante la situación de inseguridad en las que las y los operadores de justicia ejercen sus funciones.
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) May 14, 2026
La independencia judicial requiere garantías de protección.#ProtegemosDerechos pic.twitter.com/tWWH95qtID
Independencia judicial amenazada
La Corte Constitucional advirtió que la protección de jueces y juezas es una garantía esencial para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial y la preservación de la democracia.
"Ningún sistema de justicia puede actuar con plena independencia cuando quienes administran justicia enfrentan amenazas, intimidaciones o escenarios de riesgo", indicó en su comunicado.
Llamado a reforzar mecanismos de protección
La Corte subrayó que este hecho evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento dirigidos a quienes forman parte del sistema judicial ecuatoriano.
La institución enfatizó que la seguridad judicial es fundamental para garantizar un entorno en el que se pueda ejercer la función jurisdiccional sin temor, asegurando el acceso a la justicia y manteniendo la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El pronunciamiento se produce en medio de una ola de violencia que ha impactado a diversos operadores de justicia en Ecuador. La Corte Constitucional instó a las autoridades competentes a adoptar medidas concretas para salvaguardar la integridad física y la independencia de magistrados, jueces y fiscales.
