La Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas negó el recurso de apelación presentado por la defensa de Paúl Adolfo T. M. y ratificó la sentencia de tres años de prisión por el delito contra la flora y fauna silvestres. La decisión, emitida el 7 de julio de 2026, confirma el fallo de primera instancia relacionado con la sustracción de 123 crías de tortugas gigantes, ocurrida el 28 de septiembre de 2018 en Santa Cruz, Galápagos.
Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía General del Estado sostuvo que el Tribunal de Garantías Penales valoró correctamente la prueba directa y los indicios obtenidos durante la investigación. Según la institución, esos elementos permitieron establecer la responsabilidad penal del sentenciado en el caso.
Además de la pena privativa de libertad, la Sala confirmó una multa equivalente a diez salarios básicos unificados y el pago de USD 669.000 como reparación integral a favor del Parque Nacional Galápagos, monto destinado a cubrir los gastos generados por la crianza y el cuidado de las especies afectadas.
Investigación reveló el presunto mecanismo de sustracción
La investigación se inició tras una denuncia presentada por autoridades del Parque Nacional Galápagos, que alertaron sobre la desaparición de ejemplares bajo custodia. En el proceso investigativo, la Fiscalía recopiló audios en los que los involucrados explicaban la presunta sustracción de crías de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri, así como su posterior comercialización en el mercado clandestino.
Como parte de las diligencias, también se realizó la triangulación de llamadas telefónicas, lo que permitió relacionar al sentenciado con otros participantes e identificar la existencia de una presunta estructura dedicada al tráfico de especies silvestres.
De acuerdo con la investigación fiscal, el mecanismo empleado habría consistido en reemplazar tortugas del Centro de Crianza por ejemplares silvestres sin chip de identificación. Posteriormente, estos animales eran marcados manualmente para evitar alertas, pese a que las tortugas del Parque Nacional cuentan con un sistema oficial de identificación mediante quemadura de placa de hierro.
Base legal del proceso
Durante las diligencias también se detectaron inconsistencias entre los tamaños y las edades de las tortugas registradas en los corrales de crianza, hallazgos que respaldaron la investigación presentada por la Fiscalía.
El caso fue procesado con base en el artículo 247, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente al momento de los hechos. Esta disposición sancionaba con penas de uno a tres años de prisión el transporte, tenencia o porte de especímenes de flora y fauna silvestres terrestres pertenecientes a especies amenazadas o en peligro de extinción.
