La Contraloría General del Estado ratificó responsabilidades civiles por $11'658.502,43 contra 68 servidores públicos de 13 hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud Pública (MSP), tras detectar irregularidades en procesos de adquisición y control de medicamentos y dispositivos médicos destinados a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
La decisión fue adoptada mediante una resolución emitida el 21 de mayo de 2026 y se sustentó en un examen especial ejecutado por el organismo de control durante 2023. La auditoría revisó contratos relacionados con la compra de insumos médicos y medicamentos efectuados entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.
De acuerdo con el informe No. DNA7-SySS-0078-2023, aprobado en diciembre de 2023 por Contraloría, se identificaron inconsistencias entre las cantidades de medicamentos entregadas a pacientes y los registros existentes en las bodegas generales y de farmacia de varias casas de salud administradas por el MSP.
Hallazgos en hospitales del Ministerio de Salud Pública
La Contraloría señaló que no existió un control adecuado sobre el ingreso y salida de medicamentos en las bodegas hospitalarias, lo que impidió verificar correctamente la distribución, destino y uso de los fármacos. El perjuicio determinado por estas irregularidades supera los $11 millones, de acuerdo con la Contraloría.
Las responsabilidades civiles fueron ratificadas para funcionarios de los hospitales Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro y General Rodríguez Zambrano.
También constan los hospitales General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha.
Irregularidades en contratos detectadas por Contraloría
El informe de auditoría detalló que se adquirieron 100 unidades de Rituximab líquido parental bajo declaratoria de emergencia, pese a que no se habrían cumplido las causales legales establecidas para ese procedimiento.
Además, la Contraloría determinó que el medicamento Trastuzumab, destinado a tratamientos contra el cáncer de mama, fue entregado fuera de los plazos contractuales, situación que puso en riesgo la continuidad de atención de pacientes.
La auditoría de Contraloría también estableció que no se verificó el cumplimiento de especificaciones técnicas en la recepción de bienes médicos. Según el informe, esta omisión impidió el cobro de multas contractuales y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. Asimismo, se reportó afectación en el acceso a pruebas de hepatitis B para pacientes con VIH y desabastecimiento de medicamentos esenciales para personas con hemofilia.
