La Contraloría General del Estado (CGE) transformó radicalmente el mecanismo digital habilitado para revisar el patrimonio de los servidores públicos en el Ecuador. Desde el pasado 15 de abril de 2026, la consulta de las declaraciones patrimoniales juradas exige obligatoriamente un riguroso proceso de validación de identidad ciudadana. El contralor Mauricio Torres oficializó esta medida estructural para regular detalladamente el acceso a una información que mantiene su carácter público.
Para visualizar los respectivos registros financieros, el usuario ya no ingresará directamente al buscador general de la página web. El nuevo flujograma del aplicativo informático de consultas requiere que el interesado digite con precisión su número de cédula de identidad, la fecha de expedición de este documento oficial y un correo electrónico personal activo. Además, constituye un requisito indispensable leer y aceptar un aviso de privacidad antes de continuar.
Información financiera disponible y sus restricciones
Una vez superado este filtro inicial de seguridad informática, el nivel de detalle de la información revelada también presenta parámetros estrictamente definidos. El ciudadano que consulta solamente podrá observar la identificación exacta de la declaración, los datos generales del declarante y si posee la categorización de persona expuesta políticamente. El portal web mostrará exclusivamente los valores totales del activo y pasivo, junto con el cálculo del patrimonio neto, como diferencia entre activos y pasivos.
Este cambio operativo y administrativo de la Contraloría se encuentra especificado en el Acuerdo No. 011-CG-2026, documento que sustituye integralmente el artículo 14 del reglamento anterior. La máxima autoridad de control fundamenta estas modificaciones en las disposiciones legales sobre protección de datos personales. El objetivo institucional es garantizar principios de proporcionalidad, pertinencia y minimización, evitando divulgaciones específicas que vulneren la intimidad personal o familiar de los funcionarios públicos.
Saturación de la plataforma y ajustes técnicos adicionales
Más allá del ámbito estrictamente jurídico, la Contraloría justificó la implementación de este nuevo candado informático debido a complicaciones recientes en su infraestructura tecnológica. La entidad fiscalizadora detectó un alto número de conexiones externas direccionadas de manera inusual hacia la sección de declaraciones juradas. Esta evidente saturación digital provocó una severa degradación en el servicio, por lo que la validación obligatoria busca optimizar el rendimiento del sistema, asegurar su permanente disponibilidad operativa y prevenir mayores afectaciones cibernéticas.
Para lograr consolidar esta transición digital, el acuerdo oficial de la Contraloría estipula un plazo administrativo de ocho días para que las áreas competentes adecuen completamente la plataforma tecnológica institucional y publiquen el nuevo catálogo oficial de formatos. Las declaraciones patrimoniales juradas continúan siendo una herramienta fundamental para transparentar el manejo de bienes, aunque bajo un renovado modelo operativo que prioriza la validación ciudadana y la seguridad de los datos estatales correspondientes.
