La Audiencia Provincial de Valladolid condenó a 12 años de prisión a un hombre de nacionalidad ecuatoriana por agresión sexual continuada contra una menor de 11 años, hija de su entonces pareja. El tribunal determinó que los hechos ocurrieron entre marzo de 2022 y agosto de 2023, periodo en el que el acusado mantuvo al menos cinco encuentros sexuales con la víctima.

Sentencia de la Audiencia Provincial

La condena fue dictada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid, que consideró probado que el acusado se aprovechó de la convivencia familiar y de la confianza de la menor.

La pena impuesta coincide con la solicitada por la Fiscalía, mientras que la acusación particular había pedido 22 años de prisión.

La defensa del acusado solicitó durante el juicio la absolución, argumentando la supuesta nulidad de algunas pruebas presentadas en el proceso.

Sin embargo, los magistrados consideraron que el conjunto de pruebas practicadas fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Medidas adicionales a la pena de prisión

Además de los 12 años de privación de libertad, el tribunal impuso al condenado 10 años de libertad vigilada, que deberá cumplir tras finalizar su estancia en prisión.

La sentencia también establece una inhabilitación especial de 20 años para ejercer cualquier actividad que implique contacto directo con menores de edad.

Asimismo, se dictó una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, impidiendo al condenado acercarse a menos de 500 metros o contactar con ella por cualquier medio.

Estas medidas se aplicarán por un periodo superior a la duración de la pena de prisión.

Indemnización y secuelas psicológicas

En materia de responsabilidad civil, el tribunal determinó que el condenado deberá indemnizar a la víctima con 14.100 euros (16,318 dólares).

Los magistrados tuvieron en cuenta las lesiones sufridas y el daño moral, así como las secuelas psicológicas derivadas de los hechos.

Según los informes periciales presentados en el juicio, la menor presenta un síndrome de estrés postraumático grave como consecuencia de los abusos.

La víctima continúa recibiendo tratamiento psicológico especializado a través de los servicios de apoyo a víctimas de la Junta de Castilla y León.

Elementos probatorios del caso

Durante el juicio, los magistrados destacaron que para cometer la agresión sexual el acusado utilizaba regalos, dinero y promesas de ocio, como llevar a la menor al cine, para obtener su acceso sexual.

También se valoró su posición de autoridad dentro del entorno familiar, ya que la víctima incluso llegó a referirse a él como "padre".

El caso se inició en agosto de 2023, después de que el Hospital Clínico Universitario de Valladolid activara el protocolo de agresión sexual.

La menor fue trasladada al hospital por sus abuelos, quienes descubrieron mensajes explícitos en su teléfono móvil.

Aunque las pruebas de ADN no encontraron restos biológicos del acusado en la ropa interior de la víctima, el tribunal consideró determinantes el testimonio de la menor, los informes psicológicos y los mensajes recuperados de su teléfono.

Situación judicial del condenado

El acusado, que no tenía antecedentes penales computables, se encontraba en situación administrativa regular en España al momento de la agresión sexual.

El tiempo que ha permanecido en prisión preventiva será descontado de la pena impuesta.

La resolución judicial no es firme, por lo que la defensa puede presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.