Durante la reinstalación de la audiencia de juicio en el Caso Triple A desarrollada el domingo 19 de julio en la Sala del Tribunal Anticorrupción, los abogados de las empresas Corpalubri S. A., Indudiesel S. A., Ternape S. A. y Copedesa S. A. evacuaron pruebas periciales y testimoniales para desacreditar la acusación de la Fiscalía General del Estado.
La parte fiscal procesa a estas compañías junto a 20 personas —entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus familiares— por presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, esquema que habría generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
Avance de la prueba pericial en el Tribunal Anticorrupción
La diligencia estuvo liderada por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona. En la jornada, la defensa técnica intentó presentar inicialmente la declaración del cabo segundo de policía William Yánez; sin embargo, problemas de comunicación con la Unidad Judicial de Latacunga impidieron su conexión telemática.
Ante el inconveniente, la abogada Gabriela Moreira solicitó el testimonio del ingeniero petrolero Arturo Dimitri Barreiro Criollo. El profesional expuso un análisis técnico sobre la capacidad de almacenamiento y la distribución de diésel premium en estaciones de servicio vinculadas a Copedesa y Corpalubri.
Según el perito, tras evaluar actas de control, pruebas de presión y tablas volumétricas, el movimiento de combustible en dichas estaciones operó dentro de los márgenes normativos permitidos.
| Aspectos Clave de la Investigación | Cifras y Datos del Caso |
|---|---|
| Perjuicio económico estimado al Estado | $ 61,5 millones |
| Volumen de combustible investigado | 22,7 millones de galones (diésel y gasolina) |
| Informes periciales presentados por la defensa | 15 informes técnico-petroleros |
| Total de personas naturales procesadas | 20 personas (incluye a Aquiles Alvarez y familiares) |
| Personas jurídicas vinculadas | 6 empresas (4 en fase de prueba de la defensa) |
| Pruebas documentales pendientes de evacuación | 130 elementos probatorios |
Cuestionamientos de la Fiscalía y acusadores particulares
La presentación pericial generó objeciones por parte de la fiscal del caso, Ruth Amoroso, y la representación de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), encabezada por Christian Puente.
Los acusadores interrogaron al perito sobre el alcance de sus informes, señalando que las evaluaciones incluyeron estaciones de servicio no nombradas directamente en la causa penal.
"La pericia fue ordenada el 16 de octubre de 2024, en la fase de investigación previa, sin revisar documentos de Petroecuador, sino únicamente información interna de las estaciones de servicio" — Arturo Dimitri Barreiro Criollo, perito hidrocarburífero (durante el contrainterrogatorio de Fiscalía).
Proyección del cronograma judicial
La teoría del caso sostiene que las empresas vinculadas a la familia Alvarez habrían desviado combustible subsidiado entre los sectores automotor, industrial y naviero. Fiscalía, ARCH y Petroecuador ya concluyeron la evacuación de sus cargas probatorias. La defensa de las empresas continuará con el testimonio de sus 27 testigos anunciados y 130 pruebas documentales.
El Tribunal dispuso que la audiencia se reanude formalmente durante los días 24, 25 y 26 de julio, fechas en las que se prevé concluir el desahogo de la prueba de los procesados.
