Un tribunal de justicia en la provincia de Chimborazo dictó sentencia condenatoria contra cuatro ciudadanos identificados como Ángel Stiven R. L., Steven Saday P. B., Kevin Alexander B. A. y Franklin Rodrigo A. C., tras hallarlos culpables del robo con violencia de 565.000 dólares.

El hecho ocurrió en las instalaciones de una empresa avícola situada en el sector El Pungal-El Quinche, perteneciente al cantón Guano.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado realizada el pasado 3 de febrero de 2026, los procesados aceptaron su participación directa en el delito, lo que resultó en una pena agravada de cuarenta meses de privación de libertad.

Detalles del asalto y captura

De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar durante la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025. Los sentenciados, en compañía de otros seis individuos que se dieron a la fuga, ingresaron a la propiedad privada utilizando uniformes que simulaban ser de la policía. 

Mediante el uso de armas de fuego, intimidaron al propietario del establecimiento para sustraer la suma de dinero mencionada y posteriormente escapar en tres vehículos distintos.

La respuesta inmediata del afectado, quien alertó al servicio de emergencias ECU 9-1-1 y emprendió una persecución junto a su hijo, permitió la ubicación de uno de los automotores.

El vehículo de los sospechosos fue interceptado tras una colisión en la intersección de las calles Carabobo y Edelberto Bonilla, en Riobamba. En este punto, agentes policiales y efectivos del Ejército Ecuatoriano procedieron con la aprehensión de los cuatro sujetos.

Pruebas presentadas y resolución legal

En el operativo de captura, las autoridades incautaron un arma de fuego y una cantidad masiva de dinero en efectivo distribuida en cientos de fajos de diversas denominaciones, principalmente billetes de 20, 50 y 100 dólares.

Todos estos elementos, junto con el vehículo utilizado para la huida, fueron ingresados bajo cadena de custodia para el proceso judicial correspondiente.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado fundamentó su acusación basándose en pruebas técnicas y testimoniales.

Entre los elementos de convicción presentados destacaron la denuncia formal de la víctima, las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble y los informes de aprehensión detallados por los agentes. 

Marco normativo aplicado

El proceso se sustentó en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona el delito de robo con una pena que oscila entre los cinco y siete años. No obstante, al someterse al mecanismo de procedimiento abreviado, donde los acusados admiten su responsabilidad, la legislación vigente permitió una reducción de la condena original, fijándola finalmente en 40 meses de cárcel.