El Concejo Municipal de Guayaquil expresa su rechazo a la intervención del Gobierno Nacional en la Empresa Pública Municipal Segura EP. Los ediles advierten que esta acción compromete la autonomía municipal. Además, cuestionan la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los ediles aseguran que esta medida pone en riesgo programas sociales que benefician a miles de ciudadanos.
La sesión de consejo de este viernes 20 de febrero de 2026 ocurrió en un contexto de tensión política en Ecuador. Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, presidió la sesión. Los concejales califican la toma de instalaciones de Segura EP como hostigamiento institucional. Ellos ven en esto una vulneración constitucional contra el Municipio. Por otro lado, destacan que Guayaquil invierte recursos propios en seguridad.
Alfredo Bautista, concejal, cuestionó el procedimiento. Él pregunta por qué allanaron una empresa que pertenece a los guayaquileños. Bautista resalta que el Municipio maneja bien la seguridad sin competencias estatales. Además, menciona que Aquiles Alvarez, alcalde, ofreció la coordinación repetidamente. Sin embargo, no recibió respuestas favorables del Gobierno.
Arturo Escala, otro concejal, denuncia la intervención como ilegal. Él llama a alcaldes y concejales del país a reaccionar. Escala enfatiza la necesidad de defender la autonomía local. En consecuencia, el Concejo busca unidad nacional contra estas acciones.
Reacciones iniciales de los ediles
Tatiana Coronel explica que el personal de Segura EP trabaja ahora con la Policía Nacional. Ellos coordinan en instalaciones y Estaciones de Acción Segura (EAS). No obstante, Coronel critica la falta de debido proceso en la intervención. Ella recuerda inversiones municipales en videovigilancia. El Estado Central falla en responder a la inseguridad creciente, asegura la alcaldesa encargada de Guayaquil.
Emily Vera, concejala, alerta sobre el desmantelamiento de las EAS durante el allanamiento. Estas estaciones representan una lucha comunitaria por la seguridad. Vera acusa al Gobierno de inseguridad y un plan Fénix inexistente. Por tanto, el Municipio asume roles que el Estado abandona. Esto genera más tensiones locales.
El Concejo rechaza la reforma al COOTAD que impulsó el oficialismo y que fue aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos a favor. Esta reforma obliga a municipios y prefecturas a destinar 70% del presupuesto a inversión y obra pública. Los ediles argumentan que afecta el eje social del cabildo. En efecto, reduce fondos para salud y educación. Guayaquil enfrenta un impacto directo.
Emily Vera advierte una reducción de hasta USD 80 millones para Guayaquil. El presupuesto social aprobado para 2026 asciende a USD 82 millones. Vera afirma que el Gobierno no actúa, pero impide acciones municipales. Ella menciona hostigamientos desde el Quinto Acueducto hasta el Parque Samanes. Así, acumula conflictos históricos.
Críticas al presidente Noboa
Vera enfatiza declaraciones de Daniel Noboa con falta de respeto a la institucionalidad. Vera acusa al presidente de destruir Guayaquil como al país entero. Por consiguiente, el Concejo promete defender sus intereses.
Además, Vera se refiere a comentarios de Noboa sobre Alvarez. Ella aclara que no existe un alcalde criminal. En cambio, Alvarez representa un secuestrado político por el Gobierno de Noboa. Esta declaración intensifica el debate político. Alvarez enfrenta detención desde el 10 de febrero en una investigación denominada "Caso Goleada".
Ana Chóez, concejala, critica el trámite urgente de la reforma sin consulta a gobiernos locales. Chóez advierte que debilita la gestión municipal. Ella afirma que no imponen eficiencia con más centralismo. Guayaquil genera recursos propios para la estabilidad financiera. Por lo tanto, la reforma ignora realidades locales.
Nelly Pullas, concejala, sostiene que la propuesta no promueve la transparencia. Pullas explica que afecta recursos generados por guayaquileños. Ella expresa que invertir en salud, cultura y deporte significa inversión social. No gasto innecesario. En resumen, el Concejo ve la reforma como un retroceso.
Antecedentes de la intervención
En el cierre de la sesión ratificaron la unidad institucional en defensa de Guayaquil. Tatiana Coronel llama al Gobierno a respetar la autonomía municipal. Ella invoca leyes vigentes y voluntad de los guayaquileños. Este llamado busca un diálogo nacional. Sin embargo, las tensiones persisten.
La intervención en Segura EP ocurrió el 15 de febrero de 2026. El Ministro del Interior, John Reimberg, lidera el operativo nocturno. El Gobierno asume el control por incumplimiento de acuerdos ministeriales. Ellos integran videovigilancia al sistema nacional de seguridad. Además, responden a incendios recientes en Guayaquil.
Autoridades estatales justifican la medida como decisión de seguridad. Reimberg niega motivaciones políticas. Él enfatiza protección a residentes ante crisis críticas. Por otro lado, el Municipio ve esto como intromisión indebida. Doce concejales emitieron pronunciamiento el 16 de febrero.
El comunicado de concejales respalda a Alvarez y Coronel. Ellos exigen respeto al Estado de derecho y a la Constitución. La irrupción vulnera la autonomía municipal.
Aprobación de la reforma al COOTAD
La Asamblea Nacional aprobó la reforma al COOTAD este 20 de febrero de 2026. La ley Obtuvo 77 votos justos de ADN y aliados. La ley redefine la inversión en GADs. Obliga 70% a obra pública y 30% a gasto corriente. Noboa envía el proyecto con carácter económico urgente.
Opositores marchan en Quito contra la reforma. Autoridades locales alertan sobre recortes en servicios esenciales. Paola Pabón, prefecta de Pichincha, exige archivar la ley. Ella advierte impactos en la inversión social. Por tanto, los GADs pierden flexibilidad financiera.
En Guayaquil, concejales calculan necesidad de invertir más de USD 600 millones para cumplir. Actualmente, el Municipio alcanza solo 50% en obra pública. La reforma implica recortes drásticos en el eje social. Vera reiteró la pérdida de USD 80 millones en salud e inclusión.
Pachakutik votó en contra. Mariana Yumbay advierte afectación directa a programas sociales. Revolución Ciudadana y PSC rechazan intervenciones similares. Por ejemplo, la intervención en GRANASA generó críticas en la Asamblea. Esto amplía el debate nacional.
Impactos sociales y económicos
La reforma al COOTAD genera protestas en plazas como Independencia en Quito. Padres, docentes y gestores culturales denuncian recortes en educación. Ellos piden frenar la ley. Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, critica cortes en servicios de calidad.
Paco Moncayo, exalcalde, opina que Asamblea daña reformas. En Guayaquil, ediles como Escala llaman a una reacción nacional.
Expertos predicen impactos económicos. Los GADs deberían ajustar presupuestos drásticamente. Guayaquil genera recursos propios. Sin embargo, pierde fondos sociales clave. Vera resume: Gobierno no hace, pero tampoco deja hacer.
Contexto histórico y llamados a unidad
Antecedentes incluyen disputas por el Quinto Acueducto y el Parque Samanes. Vera recuerda hostigamientos institucionales. Noboa responde con declaraciones controvertidas. Él critica a Alvarez públicamente. En respuesta, Vera defiende al alcalde como víctima política.
Cinthia García analiza impactos en la autonomía municipal. Ella debate el futuro administrativo de GADs. Por otro lado, la Prefectura de Pichincha también rechaza la reforma. Ellos alertan inhabilitación de inversión social y riesgos a servicios.
Finalmente, los ediles ratificaron la unidad. Coronel llama al respeto legal. El presidente Daniel Noboa enfrenta críticas nacionales. Mientras la reforma aprobada ya genera anuncios de demandas en la Corte Constitucional. Paola Pabón, prefecta de Pichincha, anuncia acciones legales.
La intervención y reforma marcan un punto de inflexión. Los municipios defienden competencias locales. El Gobierno prioriza la seguridad centralizada. Los ciudadanos exigen transparencia. Asambleístas como Paola Cabezas alertan a los escoltas militares en marchas. Ellos cuestionan la represión.
