El Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión liderada por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, aprobó una reforma crucial a la ordenanza que regula la tasa de recolección de basura. Esta decisión busca reconfigurar la gestión de residuos y optimizar los mecanismos de cobro ante un déficit financiero histórico que supera el 50 %. La medida responde a una necesidad técnica para corregir el desbalance entre los ingresos recaudados y los altos costos operativos del servicio en la ciudad.
La reforma plantea la transición hacia un modelo mixto de recaudación basado en variables técnicas que garanticen proporcionalidad. Entre los parámetros para fijar el nuevo valor se considerarán el avalúo y dimensiones del predio, el consumo de agua potable y el volumen estimado de desechos generado por usuarios residenciales, comerciales e industriales. Esta estructura se alinea con los requerimientos de la Corte Constitucional, que exige justificación técnica para cualquier tributo local.
Continuidad del servicio y regularización urbana
Durante el debate, los ediles de Guayaquil enfatizaron la importancia de mantener la operatividad de la empresa Urvaseo frente al próximo toque de queda. Se instó a que el servicio de recolección no sufra interrupciones nocturnas, garantizando la limpieza de la urbe pese a las restricciones de movilidad. Este punto subraya el compromiso del cabildo con la salud pública y la eficiencia operativa en contextos de seguridad excepcional.
Por otro lado, el Concejo Municipal de Guayaquil aprobó en primer debate la reforma a la Ordenanza de Expropiación Especial, orientada a la regularización y titularización de asentamientos consolidados. Este proyecto beneficiará directamente a cerca de 11.500 familias en el sector de Ciudad de Dios. La normativa busca ordenar el crecimiento periférico de Guayaquil, permitiendo que los habitantes accedan a seguridad jurídica y dignidad mediante la propiedad formal de sus tierras.
Impacto social y acceso a obra pública
La entrega de títulos de propiedad facilitará que las familias beneficiadas accedan a productos financieros y créditos para mejorar sus viviendas. Además, la regularización de estos polígonos habitacionales es un requisito indispensable para la planificación y llegada de obra pública. Con predios legalizados, el Municipio puede intervenir con infraestructura básica, alcantarillado y pavimentación en zonas históricamente desatendidas.
La actualización de los análisis técnicos y la coordinación interinstitucional permitirán que el proceso de titularización sea ágil y conforme a los límites geográficos definidos. Los concejales de Guayaquil destacaron que estas normas no solo ordenan la ciudad, sino que devuelven la esperanza a miles de ciudadanos que han esperado años por la seguridad jurídica de sus hogares, fomentando un desarrollo urbano más inclusivo y sostenible.
