El Gobierno de Colombia impuso un arancel del 30% a más de 23 productos procedentes de Ecuador, en reciprocidad a la "tasa de seguridad" del mismo porcentaje que Quito aplica desde el 1 de febrero a las importaciones colombianas. La medida fue oficializada mediante el Decreto 0170, publicado en el Diario Oficial por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Entre los bienes ecuatorianos afectados por el nuevo arancel se encuentran arroz, pescado y plátanos, de acuerdo con el documento oficial.

La decisión se enmarca en la escalada de tensiones comerciales entre ambos países, derivada de medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos en las últimas semanas.

Colombia argumentó que la imposición del arancel responde a la falta de reciprocidad y a la necesidad de adoptar acciones frente a lo que considera insuficientes medidas para combatir el narcotráfico.

Demanda ante la Comunidad Andina

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la semana pasada la presentación de una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) contra la tasa del 30% aplicada por Ecuador a productos colombianos.

La Comunidad Andina es el organismo regional que regula, entre otros aspectos, el comercio entre sus países miembros: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La acción busca que el bloque analice la legalidad de la medida ecuatoriana, en el marco de los acuerdos comerciales vigentes.

Origen de la disputa comercial

La tensión entre ambos países comenzó en enero, cuando Ecuador anunció la aplicación de un gravamen del 30% a las importaciones colombianas.

La decisión ecuatoriana se produjo después de que Colombia incrementara en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Este aumento en los costos de transporte generó fricciones entre ambas naciones, que mantienen una relación comercial significativa en la región andina.

Impacto en el comercio bilateral

El intercambio comercial entre Ecuador y Colombia incluye productos agrícolas, pesqueros e industriales.

La aplicación de aranceles del 30% por parte de ambos países podría afectar la competitividad de los bienes en sus respectivos mercados.

Hasta el momento, no se han anunciado negociaciones bilaterales para revertir las medidas, mientras el proceso ante la Comunidad Andina continúa en trámite.