Joffre M., Junior S., Moisés R., Jayron R. y Juan G., fueron procesados por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo en contra de dos comerciantes en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

El juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los cinco, además de medidas de protección para las víctimas y sus familiares.

El hecho se registró cuando las víctimas, que viajaban desde Naranjal hacia Quevedo, perdieron contacto con sus familiares. Horas después, el hermano de una de ellas recibió llamadas y mensajes exigiendo el pago de 20.000 dólares a cambio de su liberación, bajo amenazas de muerte.

Denuncia e investigación

Tras la denuncia, la Fiscalía y la Policía Nacional activaron diligencias investigativas que permitieron rastrear la procedencia de los mensajes y el vehículo de las víctimas. Esto derivó en un operativo con allanamientos en el cantón Mocache.

En uno de los inmuebles intervenidos, los agentes observaron a varias personas armadas que intentaron huir. Todas fueron aprehendidas en el lugar. Dentro de la vivienda se encontraron a las dos víctimas maniatadas, quienes fueron liberadas de inmediato por el personal policial.

Audiencia

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó las versiones de las víctimas, el parte policial, testimonios de los agentes participantes y el informe de inspección ocular técnica. Los ahora procesados se habrían identificado como integrantes del grupo delictivo "Los Choneros".

Los indicios recolectados incluyen cuatro armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y una motocicleta. Estos elementos fueron incorporados como evidencia dentro del proceso penal.

Inseguridad

Quevedo y Mocache han sido escenarios frecuentes de delitos de secuestro extorsivo y acciones de grupos criminales en los últimos años. La provincia de Los Ríos se encuentra entre las afectadas por la violencia ligada al crimen organizado en la región Costa del Ecuador.

El rápido paso de la denuncia a la ejecución del operativo permitió no solo la liberación de las víctimas sino también la desarticulación aparente de un grupo que operaba en la zona con exigencias económicas bajo amenazas.