El juicio del caso Triple A se reanudó este sábado 25 de julio del 2026 en Quito con la presentación de pruebas de las defensas, antes de la fase de alegatos finales en el proceso por presunta comercialización ilegal de combustibles.

La audiencia se reinstaló cerca de las 10h40 en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde las defensas de 16 personas naturales y seis personas jurídicas continuaron con la presentación de pruebas documentales y testimoniales para refutar la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre los procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con familiares y empresas vinculadas a su entorno.

Tribunal resolvió varios pedidos durante la audiencia

Antes de continuar con la práctica de pruebas, el Tribunal de Garantías Penales atendió varias solicitudes de las partes. Una de ellas fue presentada por Aquiles Alvarez y su abogado, Julio César Cueva, quienes solicitaron que se permitiera el ingreso de los medios de comunicación a la sala de audiencias, petición que fue aceptada por los jueces.

En cambio, el tribunal negó el pedido del alcalde para que su testimonio fuera transmitido en vivo. Asimismo, la fiscal Ruth Amoroso solicitó suspender la diligencia por unas horas o un día antes de los alegatos finales para organizar la exposición de la prueba presentada por la Fiscalía. El juez ponente, Jorge Sánchez Pico, indicó que resolverá esa petición en el momento procesal correspondiente.

Defensas insistieron en desacreditar informes policiales

Durante la jornada, la estrategia de las defensas se centró en cuestionar los informes policiales incorporados por la Fiscalía y en señalar presuntas inconsistencias en las inspecciones técnicas realizadas en inmuebles, principalmente en la provincia de El Oro.

Como parte de la etapa probatoria, el procesado Juan Dionisio Araujo Saldarriaga y la empresa Harsajudi S. A. presentaron el testimonio del teniente de Policía Luis Alfredo Ronquillo, autor de un informe elaborado en mayo de 2025 sobre las empresas Gasomar y Oroestiba. Además, incorporaron oficios, contratos, certificados y declaraciones tributarias presentadas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Tribunal rechazó incorporación de una prueba nueva

Durante la audiencia, la defensa de Fuelcorp S. A., empresa vinculada al grupo empresarial del alcalde de Guayaquil, solicitó incorporar una prueba nueva. Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido al considerar que no existía justificación suficiente para admitirla.

La fiscal Ruth Amoroso sostuvo que la teoría del caso no se fundamenta en una determinación tributaria del SRI, sino en testimonios, peritajes informáticos y análisis financieros. En la misma línea, el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Christian Puente, y el abogado de Petroecuador respaldaron el rechazo al considerar que el documento carecía de relación jurídica con los hechos investigados.

Fiscalía sostiene perjuicio superior a USD 61 millones

El proceso continuará con la recepción de otros testimonios pendientes, entre ellos el de Nicole Bermúdez Peña, excoordinadora zonal de la ARCH y denunciante del caso, así como el del alcalde Aquiles Alvarez, cuya comparecencia fue programada para el cierre de la fase probatoria.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las empresas investigadas habrían conformado una red destinada al presunto desvío de combustible subsidiado entre los segmentos automotor, industrial y naviero, tanto a nivel nacional como internacional. La institución calcula que esta actividad habría ocasionado un perjuicio económico superior a USD 61,5 millones, correspondiente al presunto desvío de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.

La audiencia fue convocada también para este domingo 26 de julio, aunque el tribunal definirá si el proceso concluye con los alegatos finales o si se extiende para evacuar las pruebas de descargo restantes.