El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió este miércoles 24 de junio por unanimidad iniciar el trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz, por presunto incumplimiento de funciones en relación con el caso Progen.
La solicitud fue presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, de la bancada de la Revolución Ciudadana. La decisión se tomó tras conocer el informe técnico-jurídico no vinculante elaborado por la Unidad Técnica Legislativa, que evaluó el cumplimiento de los requisitos formales para este tipo de procesos.
Siguientes pasos del procedimiento
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional deberá remitir la solicitud a la Comisión de Fiscalización y Control Político en un plazo máximo de tres días, a través de la Secretaría General.
Una vez recibida la documentación, el presidente de la Comisión deberá avocar conocimiento del proceso y verificar, en un plazo de cinco días, que la solicitud cumpla con los parámetros establecidos en el artículo 131 de la Constitución de la República.
Contexto del caso
El juicio político se relaciona con el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Austral Technical Management (ATM). Durante la mañana de este miércoles, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, confirmó que este era el cuarto pedido de juicio político contra la exministra y que se encontraba a la espera del informe técnico para avanzar.
Torres señaló que "el proceso político es distinto al penal" y enfatizó la importancia de esclarecer posibles responsabilidades en el manejo de recursos públicos. "Para nosotros lo importante es el tema penal, que significa cárcel, posible devolución de los bienes y saber qué ocurrió con el dinero", indicó.
Avance del trámite legislativo
Con esta resolución del CAL, el proceso de juicio político contra Inés Manzano inicia formalmente su curso en la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización y Control Político será la encargada de realizar la fase de sustanciación, donde se analizarán los argumentos presentados y se recopilará la evidencia correspondiente.
Este caso se enmarca en una serie de procesos de fiscalización impulsados por diferentes bancadas contra exfuncionarios del actual y anterior gobierno. La decisión del CAL representa el primer filtro parlamentario para que la solicitud continúe su trámite constitucional.
Hasta el cierre de esta nota, no se había emitido una posición oficial por parte de la exministra Inés Manzano respecto al inicio del juicio político.
