El proyecto 70/30 será debatido este viernes 20 de febrero en la Asamblea Nacional, en medio de objeciones de autoridades locales y legisladores.
El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, señaló que la reforma al COOTAD resulta regresiva en materia de autonomía y descentralización. Indicó que la propuesta fue elaborada sin la participación de los gobiernos subnacionales, pese a que incide en la planificación local.
Orlando recalcó que su posición es defender la distribución y la asignación de los recursos deben ser con mayor equidad y justicia territorial, como dispone la Constitución.
El prefecto remitió un oficio a la Comisión de Desarrollo Económico, que lidera la asambleísta Valentina Centeno, con copia a los asambleístas manabitas, con las observaciones que se plantean en el proyecto de ley que se debatirá este viernes.
Argumentó que en 2023 y 2024 fueron atípicos y el retraso en las asignaciones de las transferencias por el modelo de equidad territorial, limitó la ejecución de obras planificadas.
Postura legislativa
La asambleísta manabita Gabriela Molina, afirmó que la bancada de Revolución Ciudadana (RC) presentó un informe minoritario con resolución de archivo del proyecto. Calificó la iniciativa como fraudulenta y sin respaldo técnico, constitucional ni legal.
Sostuvo que el texto no cumple los requisitos de una reforma económica urgente y que fue declarado inconstitucional por su bloque. Aseguró que la propuesta no apunta a la eficiencia del gasto público, sino a modificar el esquema actual de asignaciones.
"El proyecto lo que busca es introducir, en el artículo 192, una figura de asignación mínina prioritaria de las asignaciones que el Gobierno Central debe efectuar a los GAD", precisó.
Efectos y escenarios
Molina recalcó que el proyecto busca limitar la autonomía financiera y administrativa de los GAD y mencionó que el incumplimiento de la norma implicaría una sanción económica y la reducción presupuestaria. "Este proyecto económico urgente no busca eficiencia del gasto público, sino licuar la deuda que mantiene el Gobierno Central con los GAD que asciende a $ 1.100 millones", señaló.
Molina cree que la ley no contará con los votos necesarios (70) y no será aprobada en la Asamblea Nacional. "Lo más preocupante es que esta ley pueda pasar por el ministerio, porque entraría el texto original que es más perjudicial para los GAD", señaló, al mencionar que en la regla 70/30 se excluiría ciertos rubros de inversión, como salud, educación, y escuelas de fútbol.
En Manabí, señaló, más de 18.000 niños quedarían sin el proyecto de formación en valores de la prefectura.
El Diario intentó obtener la postura de otros asambleístas manabitas como Mario Zambrano y Diego Franco del partido del gobierno, pero no respondieron llamadas ni mensajes enviados a su celular.
Desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico de la asamblea, se insistió que la iniciativa responde a la necesidad de eficiencia y sostenibilidad del gasto público, al señalar que gran parte de los recursos de los GAD se destinan a sueldos y salarios sin garantizar adecuadamente los servicios básicos.
