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La acción fue interpuesta por el concejal quiteño Andrés Campaña el 23 de febrero de 2026, tres días después de la aprobación de la norma en la Asamblea Nacional.
Los exámenes se concentran principalmente en Pichincha, con 12 GAD, y Guayas, con 11.
El experto penalista Nino Cassanello desglosó el impacto del toque de queda en el país. Afirmó que el verdadero golpe al crimen organizado es desmantelar su base económica.
Las tres demandas solicitan que la Corte declare la inconstitucionalidad de la norma y ya fueron sorteadas a jueces constitucionales.
La ministra de Gobierno detalló que, pese a no ser competencia del Gobierno central, el Ejecutivo actuó preventivamente ante pronósticos de intensas lluvias.
La reforma establece que los GAD provinciales y municipales deben destinar al menos el 65% de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente en 2026, incrementándose al 70% para 2028.
