La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 21 de mayo de 2026 la Ley de Gobernanza del Espacio Marítimo-Costero, conocida como Ley de Olas Rompientes, con 79 votos a favor. La norma busca proteger zonas costeras vinculadas a olas rompientes y regular distintas actividades dentro del mar ecuatoriano. La iniciativa nació en 2020 por impulso de surfistas de General Villamil Playas, en la provincia del Guayas.
La propuesta fue presentada por ciudadanos y grupos vinculados al surf. Ellos alertaron sobre posibles daños a las olas por la construcción de infraestructura marítima en la costa de Playas. El proyecto permaneció varios años en debate dentro de la Asamblea.
Previo a la votación, activistas, expertos y ambientalistas participaron en comisión general. Los comparecientes defendieron la necesidad de contar con una norma enfocada en la protección del entorno marino y las rompientes de olas. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional calificó la aprobación como un hecho "histórico". El bloque sostuvo que la ley permitirá ordenar el uso del mar y fortalecer actividades económicas relacionadas con el turismo costero.
Registro nacional para proteger las olas
La normativa establece la creación de un Registro Nacional de Zonas de Rompientes. Este instrumento será técnico y público. Su objetivo será identificar, proteger y gestionar zonas de olas rompientes dentro del espacio marino-costero nacional. Además, la ley contempla la conformación de un Consejo Interinstitucional del Mar. El organismo estará presidido por un delegado del presidente de la República y coordinará políticas relacionadas con el manejo del espacio marítimo.
La ambientalista Beatriz Aguirre, integrante de la fundación Corriente a Favor, defendió el alcance económico de la norma. Según explicó, las zonas costeras protegidas también pueden impulsar el turismo local y actividades deportivas. Aguirre mencionó ejemplos internacionales durante el debate legislativo. Citó los casos de Indonesia, Costa Rica y El Salvador. Según indicó, esos países generan entre USD 18 millones y USD 25 millones anuales mediante actividades turísticas relacionadas con playas y surf.
Actividades permitidas en el espacio marino-costero
La nueva ley marítima define varios usos permitidos dentro del mar ecuatoriano. Entre ellos constan la navegación, transporte marítimo, logística y comercio marítimo. También se autorizan actividades relacionadas con pesca artesanal e industrial, acuacultura y maricultura. La normativa incluye además operaciones portuarias, dragado y levantamientos hidrográficos.
El texto aprobado permite el desarrollo de turismo, recreación y deportes acuáticos. Asimismo, reconoce actividades culturales vinculadas al mar y proyectos de investigación científica y monitoreo oceanográfico. La ley incorpora el uso del espacio marítimo para infraestructura estratégica. Allí constan tuberías, cables submarinos, telecomunicaciones y transporte de productos energéticos.
Otro punto contempla la exploración y aprovechamiento sostenible de recursos naturales vivos y no vivos. También habilita proyectos de energías renovables marinas y medidas de conservación ambiental. La normativa incluye acciones de prevención y mitigación de impactos ambientales. Además, reconoce usos urbanos, rurales y otras actividades compatibles con planes de ordenamiento marítimo-costero.
Debate político y oposición en la Asamblea
La bancada de Revolución Ciudadana votó mayoritariamente en contra del proyecto. La legisladora Paola Cabezas fue la única integrante del bloque que se abstuvo durante la votación. El asambleísta Franklin Samaniego cuestionó el contenido de la ley. El legislador afirmó que varias observaciones presentadas por su bancada no fueron incorporadas al texto final.
"Están sepultando la biodiversidad de nuestras costas", expresó Samaniego durante el debate legislativo. El asambleísta agregó que el artículo sobre extracción sostenible permitiría minería submarina. Sin embargo, el experto en hidrología Humberto Gómez rechazó esa interpretación. El defensor del proyecto sostuvo que la ley no menciona extracción minera dentro del articulado aprobado.
La discusión sobre la Ley de Gobernanza del Espacio Marítimo-Costero se mantuvo desde 2020. Finalmente, el proyecto avanzó con respaldo mayoritario del Pleno y abrió un nuevo debate sobre conservación, turismo y regulación marítima en Ecuador.
