La Asamblea Nacional aprobó, con 79 votos, un informe sobre presuntas matrículas ilegales emitidas por entidades municipales, este miércoles, en Quito. Se recomendó una reforma legal para centralizar el sistema en la Agencia Nacional de Tránsito.

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Falla estructural en el sistema de tránsito

El informe, elaborado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, concluye que el problema no responde a un error informático aislado, sino a una falla de gobernanza multicausal. Según el documento, el sistema de matriculación vehicular presenta vulnerabilidades estructurales.

El ponente, José Luis Nango, señaló que uno de los sistemas más sensibles del Estado fue comprometido. Indicó que grupos de delincuencia organizada habrían utilizado estas fallas como soporte logístico para actividades ilícitas.

Irregularidades detectadas y GAD involucrados

La comisión identificó accesos no autorizados, uso indebido de credenciales y procesos de matriculación fraudulenta. Además, reportó que al menos 15 gobiernos autónomos descentralizados están intervenidos dentro del denominado caso Jaque.

El informe distingue entre matrícula falsa, elaborada fuera del sistema, y matrícula ilegal, generada mediante manipulación interna con accesos indebidos. También advierte sobre la falta de controles efectivos por parte de los organismos competentes.

Propuesta de reforma y centralización

Como parte de las recomendaciones, se plantea reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El objetivo es centralizar la gestión de la matriculación en el Gobierno central, a través de la Agencia Nacional de Tránsito.

La propuesta establece que los GAD mantengan únicamente funciones de revisión técnica vehicular y control operativo, bajo estándares nacionales. La comisión considera que el modelo municipal actual es insuficiente frente a riesgos de seguridad.

Seguimiento institucional

Durante el debate legislativo, seis asambleístas coincidieron en que las matrículas ilegales evidencian la infiltración del sistema por parte de estructuras delictivas. La resolución aprobada dispone la notificación a entidades estatales, la Contraloría y la Fiscalía.

El documento también será remitido a la propia comisión para seguimiento y a los legisladores, quienes podrán presentar iniciativas para tramitar la reforma en la Asamblea Nacional.