El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compareció este miércoles 13 de mayo de 2026 de manera telemática ante la Unidad Anticorrupción, en una audiencia clave dentro del denominado caso Goleada. La Fiscalía reformuló los cargos iniciales y ahora investiga un presunto delito de lavado de activos, relacionado con el supuesto desvío de combustible subsidiado. 

La diligencia judicial se desarrolló desde la Cárcel del Encuentro, donde el funcionario permanece detenido por otra causa penal conocida como Triple A. La audiencia estuvo dirigida por el juez Jairo García y se instaló cerca de las 09:28. Sin embargo, el magistrado dispuso que el proceso se mantuviera reservado y sin acceso público.

La investigación fiscal sostiene que Aquiles Álvarez y sus hermanos habrían liderado una estructura empresarial destinada a adquirir grandes cantidades de diésel subsidiado por el Estado ecuatoriano. Según el expediente, el combustible debía abastecer a embarcaciones de bandera nacional. No obstante, presuntamente fue revendido a naves internacionales a precios comerciales.

Fiscalía amplía el caso Aquiles Alvarez

Durante la audiencia, la Fiscalía también vinculó a cinco nuevos procesados. Entre ellos figuran la esposa, la madre y dos primos del alcalde de Guayaquil. Con estas incorporaciones, el número total de investigados ascendió a 17 personas.

El Ministerio Público indicó que las supuestas ganancias obtenidas por la comercialización irregular del combustible habrían sido canalizadas mediante empresas domiciliadas en Panamá. Según la teoría fiscal, estas compañías habrían servido para introducir recursos al sistema financiero internacional.

Además, el fiscal del caso solicitó prisión preventiva para Aquiles Álvarez dentro de esta causa. Sin embargo, el alcalde ya cumple esa medida cautelar por otro proceso penal vigente. Hasta el cierre de esta publicación, la defensa del funcionario no había emitido nuevos pronunciamientos oficiales sobre la reformulación de cargos.

La causa entrará en su etapa final el próximo 11 de junio de 2026. Después de esa fecha, la Fiscalía deberá definir qué procesados serán llamados a juicio por el presunto delito de lavado de activos.

El caso Goleada y el presunto desvío de combustible

El denominado caso Goleada se convirtió en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en Ecuador durante 2026. La investigación gira alrededor del supuesto uso irregular de combustible subsidiado, un recurso que el Estado entrega con costos reducidos para actividades específicas, como la pesca nacional.

Las autoridades sostienen que el presunto esquema habría generado millonarias pérdidas económicas al Estado ecuatoriano. La Fiscalía asegura que el combustible era adquirido bajo condiciones preferenciales y luego comercializado fuera del destino autorizado.

En Ecuador, los delitos relacionados con combustibles subsidiados han sido investigados en distintas provincias durante los últimos años. Informes oficiales han advertido sobre redes dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de derivados de petróleo, especialmente en zonas portuarias y fronterizas.

Aquiles Alvarez y el impacto político del proceso

La situación judicial de Aquiles Álvarez ocurre mientras continúa ejerciendo funciones como alcalde de Guayaquil. El proceso ha provocado reacciones dentro del escenario político nacional debido al alcance de las investigaciones y a la vinculación de familiares cercanos.

Por ahora, la Fiscalía mantiene la hipótesis de que existió una estructura organizada para mover recursos de origen presuntamente ilícito. No obstante, el caso aún se encuentra en fase de instrucción fiscal y ninguna de las personas procesadas ha recibido sentencia condenatoria.

La reserva parcial de la audiencia limitó el acceso a mayores detalles sobre los argumentos expuestos por las partes. Sin embargo, el avance del expediente marca un nuevo capítulo en el proceso penal que enfrenta el alcalde guayaquileño.

La expectativa ahora se concentra en la decisión judicial que se adoptará tras el cierre de la instrucción. Ese paso determinará si los investigados deberán enfrentar un juicio formal dentro del caso Goleada.