El proceso judicial que enfrenta el alcalde de Portoviejo Javier Pincay sigue generando debate y expectativas en el escenario político local tras el archivo del último recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El abogado Roosevelt Cedeño, defensor legal de Pincay, aclaró la situación actual del alcalde y cuestionó la legitimidad de las actuaciones administrativas que afectan sus derechos de participación.

Archivo del recurso clave y situación de la sanción

La apelación presentada para restituir los derechos de participación de Pincay fue archivada por el TCE, debido a un requerimiento considerado "imposible de cumplir" por parte del tribunal. Cedeño explicó que la jueza exigió justificar que Pincay tenía derechos de participación vigentes, lo cual, a su juicio, resulta ilógico porque precisamente esa era la controversia central del proceso. Como consecuencia, el equipo legal explora nuevas vías procesales para abordar la actuación del Consejo Nacional Electoral, especialmente tras la inclusión de una suspensión en los registros sin decisión expresa, acción que califican como arbitraria.

Dudas sobre el conteo de la sanción

Ante la pregunta recurrente sobre el periodo efectivo de la sanción, el abogado sostuvo que la resolución se ejecutó desde julio de 2023. Destacó que el tiempo estipulado, seis meses, ya transcurrió y no debería extenderse por errores administrativos ajenos al sancionado. "No pueden responsabilizar a Pincay por fallos de registro de entidades públicas", remarcó.

Legitimidad de la gestión del alcalde

En cuanto a la validez de las acciones del alcalde durante este periodo, Cedeño aseguró que todas las decisiones y actuaciones de Pincay conservan validez jurídica plena, ya que la sanción fue por hechos preelectorales y no afectó su elección ni su ejercicio como alcalde. Añadió que la sanción surgió por inasistencia a un debate, motivada por un atentado contra la vida de Pincay, circunstancia pública y notoria.

Competencia sobre la remoción de autoridades

Según Cedeño, la remoción de un alcalde solo puede efectuarse por medio de los mecanismos estrictamente contemplados en la ley:

  • Por sentencia penal que implique inhabilidad.
  • Proceso de revocatoria de mandato.
  • Remoción política por parte del Consejo Municipal, según causales específicas.
  • Decisión explícita del Tribunal Contencioso Electoral.
  • Intervención de la Contraloría, que ya no tiene atribución de destitución según disposiciones de la Corte Constitucional.

Cedeño recalcó que la suspensión de derechos políticos no figura entre las causales legales para remover a un alcalde y cualquier intento paralelo carecería de base jurídica.

Inscripción y rehabilitación política

En el contexto del proceso electoral anticipado, Cedeño señaló que la fecha límite para inscribir candidaturas es agosto y que la participación de Pincay depende de la pronta restitución de sus derechos políticos. "La decisión de postularse o no es del alcalde y su movimiento; nuestro foco es garantizar que la justicia lo habilite", afirmó.

Cuestionamiento a la actuación judicial y administrativa

El abogado cuestionó la reciente notificación municipal y posibles intentos de desestabilización. Enfatizó que no existe norma que habilite la reapertura del proceso ni fundamentación suficiente para mantener la suspensión. Por ello, han presentado una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional revise el caso.

Acción ciudadana y clima municipal

Sobre el ambiente en el municipio, Cedeño opinó como ciudadano que los concejales han trabajado en equipo sin crear un escenario de crisis y que buscar desestabilizar la administración previa a las elecciones podría generar rechazo ciudadano. Insistió en que las causales legales para una destitución no se cumplen y las acciones deben ajustarse estrictamente al marco legislativo vigente.

Posibles acciones de resarcimiento

De demostrarse vulneración de derechos, existe la posibilidad de reclamar una indemnización según la responsabilidad objetiva extracontractual del Estado, aunque esa decisión dependerá de la voluntad del afectado.

El equipo legal de Pincay continuará agotando todas las instancias legales para lograr la rehabilitación de sus derechos políticos y permitir su participación en los próximos comicios.