Guayaquil, ciudad única en Ecuador con una ordenanza que regula la instalación de rejas peatonales y vehiculares de seguridad, alcanza un hito: 65 barrios cuentan con 159 estructuras autorizadas por el Municipio. La normativa, vigente desde 2024, exige requisitos técnicos y participación ciudadana para garantizar seguridad sin comprometer la accesibilidad. Esta iniciativa responde al aumento de robos y asaltos, que afecta la tranquilidad de los guayaquileños.

Pedro Pombar, vecino de Samanes 1, destaca el impacto económico de la ordenanza. “Pagar USD 23,50 entre vecinos es mucho más barato que perder USD 300 por un retrovisor robado”, afirma. Su barrio, uno de los 65 beneficiados, refleja el sentir de muchos ciudadanos que buscan protección legal y ordenada. La normativa permite instalar rejas tras cumplir con estrictos estándares, como no obstruir accesos de emergencia. Además, la participación vecinal asegura que las decisiones sean colectivas. Sin embargo, no todos los barrios logran la aprobación.

Desde la implementación de la ordenanza, el Municipio registra 938 solicitudes para instalar rejas de seguridad. No obstante, 650 solicitudes enfrentan rechazo por incumplimientos. Las razones principales incluyen la falta de firmas de respaldo vecinal o diseños que bloquean el paso de ambulancias y bomberos. Otras 223 solicitudes permanecen en revisión. Desde el Concejo Municipal de Guayaquil se subraya la necesidad de socializar mejor la normativa. “Algunos vecinos creen que deben pagar USD 40 por persona, pero eso no es cierto”, se aclaró.

Plazos para instalar rejas de seguridad

El plazo para regularizar rejas instaladas sin autorización vence el 31 de julio de 2025. Los ciudadanos deben pagar una tasa municipal, que varía según el tipo de estructura: 5% del Salario Básico Unificado (SBU) para rejas peatonales, 7,5% para aceras menores a 1,5 metros y 10% para aceras más amplias. Este costo, aunque accesible, genera debate. Rory Sangster, líder de Urdenor 2, critica los cobros adicionales: “Gastamos miles de dólares en rejas y aún debemos pagar al Municipio”.

Andrea Andrade, de La Pradera III, apoya la medida tras sufrir un asalto. “Un joven me apuntó con un arma y me robó. “Las rejas nos dan algo de tranquilidad en medio de la delincuencia”, relata. Su testimonio refleja la realidad de Guayaquil, donde la inseguridad impulsa soluciones comunitarias. Las rejas, pintadas en colores aprobados como blanco, negro o verde, deben permitir visibilidad y acceso a personas con movilidad reducida.

La ordenanza exige renovar las autorizaciones anualmente, lo que garantiza un control continuo. Desde el Municipio de Guayaquil aseguran que el objetivo no es recaudar, sino mantener el orden. “No queremos multar ni retirar rejas de seguridad, sino regular su uso”, explica. Además, propone premiar a los barrios que mantengan sus estructuras en buen estado con servicios como alarmas comunitarias. Esta idea busca incentivar la responsabilidad vecinal. Por otro lado, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Segura EP evalúan cada solicitud para garantizar accesibilidad.

Regularizar cercas de seguridad

El proceso de regularización no está exento de obstáculos. Más del 65% de las solicitudes presentadas hasta junio de 2025 no cumplen con los requisitos. La falta de un informe de factibilidad, que evalúa movilidad y tránsito, es un problema recurrente. Asimismo, algunos diseños incluyen vigas fijas o columnas de hormigón, prohibidas por la normativa. Estos errores generan frustración en los barrios, pero el Municipio insiste en la importancia de cumplir con los estándares. La ordenanza, aprobada tras dos debates en 2024, prioriza la seguridad sin sacrificar la funcionalidad urbana.

Guayaquil invierte también en otras medidas de seguridad. El Municipio destina USD 1,7 millones en obras prioritarias, como cámaras y alarmas, que complementan las rejas. Los vecinos, por su parte, deben cubrir los costos de instalación y mantenimiento, además de contratar personal para facilitar el acceso entre las 06:00 y las 20:00. A pesar de las quejas por los costos, la mayoría coincide en que las rejas ofrecen una solución viable.