El Caso Plaga es una nueva investigación de la Fiscalía General del Estado en torno al presunto delito de delincuencia organizada en el sistema de justicia.
Los allanamientos se ejecutaron en las provincias de El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas.
Durante estas intervenciones, varios funcionarios del sistema de justicia de las provincias intervenidas fueron detenidos dentro de este nuevo caso.
De acuerdo a la Fiscalía, se investiga a jueces, secretarios, policías, personas que ocuparon cargos públicos y abogados en libre ejercicio.
La Fiscalía informó que los investigados habrían favorecido a personas con alto nivel de peligrosidad con acciones constitucionales. Según la entidad, los presuntos involucrados abusaban del derecho.
La institución informó que mediante las acciones cometidas por los presuntos involucrados, se permitía que campee la impunidad, pues beneficiaban a personas con diferentes procesos penales.
Las investigaciones del caso Plaga determinaron que los jueces y secretarios recibían regalos y altas sumas de dinero o favores a cambio de su ayuda. Los funcionarios permitían la libertad de procesados mediante procesos ilegítimos, pero aparentaban legalidad, de acuerdo a la Fiscalía.
Dentro del delito de delincuencia organizada se incluyen los presuntos delitos como tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
La Fiscalía enfatizó que el operativo busca «erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia«.
Hay detenidos en el caso Plaga
Entre los detenidos del caso Plaga se encuentran María José L., funcionaria judicial en el cantón Pasaje (El Oro); Simón Oswaldo G., exjuez en el cantón Rocafuerte (Manabí); Byron Michael O., juez de primer nivel en el cantón Flavio Alfaro (Manabí); José Alfredo M., exfuncionario del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertas y a Adolescentes Infractores (SNAI) en Ambato (Tungurahua); Marco Patricio C., policía en servicio activo, en los exteriores del Centro de Privación de Libertad N° 8, en Guayaquil (Guayas); Omar Israel J., abogado y exfuncionario del SNAI en Cuenca (Azuay); Ángel L., exjuex de Santo Domingo, ya procesado en el caso Metástasis, Lenin V., en la Cárcel N°4 de Quito (Pichincha); José T., abogado en libre ejercicio de Quito; y Hugo Alexander L. en Riobamba (Chimborazo).
