La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) presentó este lunes 5 de agosto de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud para que se le conceda la libertad provisional, tras ser condenado a doce años de arresto domiciliario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El abogado defensor, Jaime Enrique Granados, argumentó que la medida restrictiva es una violación a los derechos fundamentales del exmandatario, debido a que la condena aún no se encuentra en firme.

Recurso presentado por la defensa

En un documento de 91 páginas, la defensa legal de Uribe solicitó dejar sin efecto la orden judicial que impone el arresto domiciliario, contenida en el numeral cuarto de la sentencia emitida por la jueza 44 penal de conocimiento, Sandra Liliana Heredia Aranda. Granados sostiene que el dictamen violó el principio de presunción de inocencia al ordenar la privación inmediata de libertad antes de que se agotaran todas las instancias del proceso.

“Esta irresponsabilidad no será tolerada”, afirmó el abogado, quien calificó la medida como una “grave transgresión de los derechos a la dignidad humana, al debido proceso y a la libertad”.

Condena a Uribe por soborno y fraude procesal

El pasado viernes 2 de agosto, la jueza Heredia condenó al expresidente Uribe a doce años de arresto domiciliario, una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos y una multa económica equivalente a 2.420 salarios mínimos legales vigentes, lo que representa alrededor de 720.700 dólares.

La sentencia se dictó tras concluir que Uribe habría instigado a sus emisarios legales a manipular testigos detenidos en cárceles colombianas, en un intento por obtener declaraciones favorables para su defensa, en el marco de un proceso que se remonta a 2012.

Origen del caso: de denunciante a imputado

El proceso judicial contra el expresidente Uribe se inició en 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, acusándolo de buscar testigos falsos que lo vincularan con grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación dio un giro cuando se recopiló evidencia que indicaba que fueron los abogados del propio Uribe quienes habrían buscado manipular a testigos para incriminar a Cepeda.

Entre las pruebas presentadas se incluyen testimonios y registros de visitas carcelarias donde, supuestamente, el abogado Diego Cadena ofreció beneficios judiciales a exparamilitares a cambio de modificar sus declaraciones.

El caso avanzó hasta que Uribe, quien inicialmente actuó como denunciante, pasó a ser investigado formalmente, mientras que Cepeda fue reconocido como víctima dentro del mismo proceso penal.

Posible impacto jurídico y político

Aunque la sentencia no está firme, esta es la primera vez en la historia reciente de Colombia que un expresidente es condenado por delitos cometidos durante o en relación con su vida pública. La defensa busca que, mientras se tramita el recurso, Uribe permanezca en libertad, bajo el argumento de que su arresto no puede ejecutarse sin una condena definitiva.

Además del impacto judicial, el caso tiene repercusiones políticas significativas, dado que Uribe sigue siendo una figura de influencia en sectores del partido Centro Democrático y de la derecha colombiana.

Siguientes pasos procesales

El Tribunal Superior de Bogotá deberá analizar el recurso presentado y decidir si acepta o niega la solicitud de medidas provisionales. De momento, Uribe permanece bajo arresto domiciliario, en cumplimiento de la sentencia emitida.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas podrían pronunciarse en las próximas horas, para responder a la solicitud de la defensa, según los tiempos establecidos por el sistema penal acusatorio colombiano.

Se mantiene tensión en torno al caso Uribe

Mientras la solicitud de libertad provisional es evaluada, el caso sigue generando atención nacional e internacional, tanto por la relevancia del condenado como por los antecedentes del proceso. Las próximas semanas serán claves para determinar si el Tribunal modifica la medida de aseguramiento o mantiene la sentencia hasta que se resuelva la apelación de fondo.