La Asamblea Nacional certificó, mediante el oficio AN-SG-2025-0176-0, que María Verónica Abad Rojas no ha sido cesada de su cargo como Vicepresidenta Constitucional, el pasado 1 de abril de 2025, en Quito, en respuesta a un requerimiento oficial de la funcionaria para aclarar su situación tras controversias legales y políticas.
El pasado 1 de abril de 2025, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, a cargo de Alejandro Xavier Muñoz Hidalgo, emitió el oficio AN-SG-2025-0176-0 dirigido a María Verónica Abad Rojas, Vicepresidenta de la República del Ecuador. Este documento responde a una solicitud enviada por Abad el 29 de marzo de 2025, en la que pedía certificaciones sobre la vigencia de su mandato y la inexistencia de procesos de cesación en su contra. La certificación llega en un contexto de tensiones políticas y legales que han puesto en duda su continuidad en el cargo.
La solicitud de Abad se fundamentó en el artículo 145 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece las causales específicas para la terminación del mandato de la Vicepresidencia, como falta definitiva, abandono del cargo, renuncia aceptada o ausencia por dictamen médico. En su pedido, Abad buscaba claridad sobre dos puntos específicos: que no se haya tramitado ni resuelto un proceso de cesación en su contra y que su mandato como Vicepresidenta permanezca vigente.
La Asamblea Nacional asegura que no hay proceso para el cese de las funciones de Abad
En el oficio, la Asamblea Nacional informó que, tras revisar sus registros y competencias, no existe ningún proceso de cesación o terminación de funciones contra Verónica Abad. Además, se certificó que no hay resolución de destitución ni declaración de causales constitucionales que afecten su mandato.
La respuesta de la Asamblea Nacional se produce tras meses de incertidumbre sobre la situación de Verónica Abad como Vicepresidenta. En febrero de 2025, un tribunal electoral suspendió sus derechos políticos por dos años, a partir del fin de su mandato en mayo de 2025, tras determinar que había incurrido en actos de violencia de género contra la ministra de Asuntos Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Esta sanción, que entró en firme el 28 de marzo de 2025 según el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), generó debate sobre si implicaba una destitución inmediata del cargo.
Según la Asamblea, la suspensión de derechos políticos no equivale a destitución
Sin embargo, la certificación emitida el 1 de abril de 2025 por la Asamblea Nacional, firmada por Muñoz Hidalgo y bajo disposición de la Presidenta del organismo, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, establece que la suspensión de derechos políticos no equivale a una cesación del cargo mientras Abad permanezca en funciones. Este pronunciamiento refuerza la posición de la Vicepresidenta, quien ha sostenido que solo la Asamblea Nacional tiene competencia para declarar su destitución.
El mandato de Abad, junto con el del Presidente Daniel Noboa, está vigente hasta el 24 de mayo de 2025, fecha en que culmina el período presidencial iniciado por Guillermo Lasso y que Noboa asumió tras las elecciones anticipadas de 2023.
La Asamblea Nacional revisó las causales que podrían aplicarse
El documento oficial detalla que la Asamblea Nacional, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, revisó las causales constitucionales aplicables. En el primer punto, se certifica que no ha existido cesación del cargo ni se ha iniciado ningún trámite en ese sentido. En el segundo, se confirma que no hay resolución de destitución ni declaración de abandono, renuncia o ausencia médica que afecte la continuidad de Abad como Vicepresidenta.
El oficio fue enviado a Abad en su despacho y una copia fue remitida a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Rebeca Veloz Ramírez, para conocimiento institucional. La claridad de la certificación busca poner fin a las especulaciones sobre el estatus legal y político de la Vicepresidenta en el marco de las elecciones previstas para 2025.
Abad fue suspendida de sus funciones en el 2024
La certificación de la Asamblea Nacional tiene relevancia en el contexto político ecuatoriano, donde el Presidente Daniel Noboa debió activar la sucesión presidencial en enero de 2025 para participar en la campaña electoral de los comicios generales. Según la Constitución, en ausencia temporal o definitiva del Presidente, la Vicepresidenta debe asumir el cargo. Con esta certificación, Verónica Abad mantiene su legitimidad para hacerlo, a pesar de las tensiones con Noboa y la sanción del TCE.El pasado 13 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional había condenado una suspensión temporal de 150 días impuesta a Abad por presunto abandono de funciones, calificándola de “inconstitucional e ilegal”. Este antecedente refuerza la postura de que solo la Asamblea tiene autoridad para decidir sobre la destitución de la Vicepresidenta, no otros organismos como el TCE.
El periodo de Noboa y Abad culmina en mayo
Además, el 11 de enero de 2025, la jueza constitucional Nubia Vera ordenó la reintegración de Abad al cargo tras una sentencia que cuestionó sanciones previas, lo que también respaldó su continuidad hasta la emisión del oficio actual.Con la certificación del 1 de abril de 2025, Verónica Abad permanece como Vicepresidenta Constitucional del Ecuador, con todas las prerrogativas y facultades del cargo hasta el fin de su mandato el 24 de mayo de 2025.
La Asamblea Nacional, como único juez natural del Presidente y la Vicepresidenta según la Constitución, ha cerrado el debate sobre su estatus inmediato.El próximo paso en este escenario hubiese sido la definición de la sucesión presidencial en enero de 2025, cuando Noboa inició su campaña para la reelección.
Ahora, el primer mandatario participará en la segunda vuelta electora. Hasta entonces, la certificación garantiza que Abad sigue en funciones, a pesar de las sanciones que entrarán en vigor tras mayo de 2025 y que le impedirán participar en política por dos años.
